Bancos de libros, trueque y alternativas digitales contra los recortes en becas

El ministerio de Educación ha suprimido 578.549 ayudas para libros

Los editores registraron cinco millones menos de ejemplares vendidos el curso pasado

La digitalización de la educación no asegura una rebaja en la factura escolar

Aurora Muñoz

El número de alumnos beneficiarios de becas cayeron en 24.520 en el curso 2012-2013, un 3% menos que en el anterior. Según los datos del comienzo del curso, las ayudas para material escolar son las que acusan el mayor tijeretazo. Este año el ministerio de Educación eliminó 578.549 becas de libros, lo que supone un ahorro para la administración de 67,3 millones de euros que tendrán que compensar los padres de los escolares.

El Informe anual de Evolución de los Precios de los Libros de Texto que edita la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) recoge que el coste de los manuales sólo se ha incrementado un 1,1% con respecto al curso anterior y se sitúan por debajo de Índice de Precios al Consumo (IPC) que, a finales de julio registró una tasa de incremento interanual del 1,8%. A pesar de este dato, muchas familias no pueden hacer frente al gasto escolar. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) baraja que el gasto medio por alumno en un centro de enseñanza público será de 1.268 euros, de 2.386 euros para los que estudien en centros concertados y la media en los privados ascenderá a los 5.232 euros anuales. De este monto, al menos 215 euros se invierten en libros de texto, aunque la cifra puede elevarse hasta los 250, dependiendo del establecimiento donde se compren.

Los hipermercados se consolidan como la opción más económica. Lanzan campañas para la vuelta al cole basadas en reservas que llevan descuentos aparejados. El problema es que los padres encargan los libros durante el verano sin saber cuánto pagarán al recogerlos. Alcampo es el más barato, aunque E. Leclerc y Carrefour le siguen de cerca. Solo Hipercor mantiene precios claramente superiores al del resto de grandes superficies y, a pesar de ello, sus tarifas siguen siendo ventajosas si se compara con las librerías tradicionales.

Anele no anticipa, sin embargo, cuál será el gasto real de las familias en libros de texto, ya que una variable decisiva son las ayudas públicas para la adquisición o los programas de gratuidad. Los libros de texto, recuerda Anele, están sujetos a dos regímenes de precios distintos: fijo o único, que determina el editor, aplicable a los de infantil y enseñanzas secundarias no obligatorias (bachillerato y FP); y libre (variable), que establece el detallista para las etapas obligatorias (primaria y ESO).

Este año, poco van a poder arañar las familias en concepto de becas, así que los editores se temen lo peor. “La moderación en la evolución de los precios no parece que vaya a tener repercusión en la evolución del mercado, ya que la drástica reducción de las ayudas públicas repercutirá muy negativamente en la capacidad de gasto de las familias”, señalan fuentes del sector. El curso anterior, ya se notó el primer tijeretazo. La facturación bajó un 7,4% el curso anterior, lo que se traduce en cinco millones menos de ejemplares vendidos y el gasto medio por alumno se redujo el 8,9%.

“No tienen sentido los libros en papel, de pago y obligatorios”, opina Jorge Cortell, CEO de Kanteron Systems y férreo opositor al concepto de propiedad intelectual que sostiene la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). “Estos manuales son modificados con una frecuencia pasmosa, aunque el contenido no aporte novedades”, señala. La Federacion De Gremios De Editores De España (Fgee) discrepa. “La Ley de Educación establece que los libros deben tener una vigencia de al menos cuatro años. Además, la inversión que tienen que realizar las editoriales para poner a disposición de los alumnos un proyecto educativo de calidad necesita de un periodo mínimo de permanencia de tres años para poder ser mínimamente rentabilizado. Por tanto, no es cierto que las editoriales cambien los libros cada año”, recalcan desde su gabinete de prensa.

Para Cortell, no es suficiente. Considera que los libreros son un lobby respaldado por el Estado. “El Gobierno pretende acabar con los descuentos en los libros de texto con la excusa de defender a las pequeñas librerías. Esta medida, sin embargo, va en perjuicio de los ciudadanos. Es una propuesta redactada a medida para favorecer a editores y distribuidores. Este tipo de legislaciones intentan proteger modelos de negocio desfasados, promovido por grupos de presión que sólo piensan en sus intereses económicos, en contra del bien común y la cultura”, escribía en 2004.

El papel frente a la tinta electrónica

Este defensor de las P2P ha denunciado la hipocresía estatal en materia educativa. “El material escolar ya podría ser digital, y en algunos lugares lo son desde hace años”, apunta. En la Empire High School de Vail, Arizona (EEUU), por ejemplo, han decidido que sus 340 alumnos no tengan libros en papel, como cuenta la revista Wired Campus. “Tienen una mezcla de acceso a fuentes libres y gratuitas online, junto con accesos a servicios de subscripción y libros electrónicos”, explica Cortell.

Elena Alfaro, en cambio, tiene reticencias con respecto a la digitalización total de las aulas. “Hay que cambiar la filosofía que se están imponiendo para implantar las nuevas tecnologías en los colegios. Nos han vendido que los contenidos digitales van a contribuir a abaratar la factura del material a la mitad y no es cierto”, advierte. “De momento, lo que se está planteando es que los alumnos compren eBook en lugar de libros en papel. Estas licencias cuestan la mitad que un manual tradicional, pero la mayoría sólo dura un año, a diferencia de los textos en papel que tienen que mantenerse invariables durante cuatro años. Eche cuentas. Los digitales salen el doble de caros en ese mismo periodo”, esclarece esta arquitecta madrileña, madre de dos hijas. “A eso hay que sumar el coste de las tabletas, una por hijo; de la conexión wifi en casa para que puedan hacer los deberes y los seguros. La Administración Pública no debería dar por hecho que todo el mundo dispone de recursos para asumir ese coste, que no es poco”, agrega.

Algunas comunidades autónomas han sido más previsoras y han encargado de normativizar el salto digital en las escuelas para evitar la picaresca. La Junta de Andalucía, por ejemplo, detalla en el Decreto 227/2011, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros de texto en la Comunidad, que las licencias de acceso y uso de los libros de texto distribuidos online tendrá una duración de cuatro cursos escolares a contar desde el siguiente a aquél en el que se solicite la inscripción o renovación. Exactamente igual que sucede con un manual tradicional.

A Alfaro no le vale con eso. Aspira a la gratuidad de los libros de texto. “El mercado de los libros de texto funciona muy mal, a pesar de que se liberalizó en 2007. Esto es así porque incluye lo que, en términos económicos, se denominaría una relación de agencia. El que ordena qué libro hay que comprar y el que los compra, no son la misma persona. Eso significa que el consumidor está cautivo, porque le guste o no le guste el material que le dictan, lo que queda otro remedio que adquirirlo”, comenta. “Este país tiene libertad de cátedra y cada departamento puede escoger el manual que considere más adecuado para enseñar, pero la Administración Pública debería asegurarse de que los alumnos disponen de recursos para hacerse con ellos. No olvidemos que hasta Secundaria, la escolarización es obligatoria”, indica Alfaro.

El Congreso debatirá una Proposición no de Ley

Esta madrileña lucha por un cambio legislativo. En agosto de 2012, decidió poner en marcha una petición online en la plataforma Change.org para reclamar un precio más justo para los libros de texto tras conocer el dato de que una de cada tres familias españolas tendría dificultades para comprar los libros de texto del curso pasado. Para evitarlo, hace dos propuestas concretas:

  • Una nueva regulación para favorecer la reutilización de los libros
  • La selección de libros de texto por concurso entre editoriales, para que las Administraciones puedan elegir según calidad y precio de los proveedores candidatos

Desde que inició su campaña, Alfaro ha recogido más de 270.000 firmas y se ha reunido con representantes de varios partidos políticos. Hace unos meses, UPyD presentó una Proposición no de Ley basada en sus propuestas que se debatirá en el Congreso el próximo martes 24 de septiembre.

Julio Carabaña, experto en analizar los datos PISA y Catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, es crítico con esta iniciativa. “No soy partidario de la gratuidad universal de los libros de estudio.  Deben de ser de uso privado y por tanto de propiedad privada, para que cada estudiante haga con ellos lo que le parezca mejor: subrayarlos, anotarlos o pintarlos”, valora, aunque con ciertas apreciaciones. “Me parece bien que el Estado pague los libros de quien tiene que privarse de cosas importantes para pagarlos, así como que los centros y los padres organicen la reutilización por reventa o donaciones, pero considero que para esto no se necesitan firmas de apoyo. Basta con la iniciativa de los colegios y de las AMPAS”, matiza.

El material escolar puede ser gratis o… barato

Un grupo de trabajo de profesores de la enseñanza pública está elaborando materiales curriculares gratuitos para los alumnos de primaria, ESO y Bachillerato. “Nosotros proponemos que se utilicen nuestras unidades didácticas como alternativa gratuita a los libros tradicionales. Nuestro material puede reutilizarse y prestarse, porque las actividades se realizarán en un cuaderno, no en el propio libro. Además, estos contenidos son gratuitos. Basta con que el profesor de la materia prescriba este material como manual básico de la asignatura”, cuenta Nadia, del grupo de Lengua de la Marea Verde.

Los documentos se pueden descargar de esta página y están en formato imprimible y editable. Su licencia de Creative Commons permite la modificación del material siempre que no sea con fines comerciales, se cite la autoría y se mantenga el mismo tipo de licencia tras los cambios.

Varias asociaciones de vecinos y AMPAS han optado por los mercadillos de reventa o trueque de libros de texto para recortar el gasto en material escolar. El Barrio del Pilar en Lucha montó su tenderete hace dos fines en un cruce cercano al centro comercial La Vaguada (norte de Madrid) y la Policía Municipal desalojó la mesa con material escolar porque no tenían permiso de venta. La intervención puso en pie de guerra a los tuiteros.

“La Ley de Propiedad Intelectual no prohíbe la reventa de libros, justo al contrario. La permite expresamente, amparándose en el denominado ‘agotamiento del derecho de distribución’, que impide a un titular de derechos de propiedad intelectual como por ejemplo, una editorial, oponerse a una reventa del soporte donde se encuentre recogida su obra”, desbroza Andy Ramos Gil de la Haza, abogado de la firma Bardají & Honrado, especializado en propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías. “Cualquier prohibición a este tipo de mercadillos sólo puede estar fundamentada en cuestiones de orden público o venta en la calle sin licencia”, apuntilla.

Otra alternativa es montar un banco de libros. La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Castelló Penyagolosa ha iniciado este año este proyecto de futuro. “Se están llevando medidas que conducen a la creación e intercambio de libros en todos los centros de Castellón y provincia. Reciclan, reutilizan y haciendo compras conjuntas para reducir el gasto. Los IES suelen hacer intercambio de libros entre los alumnos con la colaboración estrecha del AMPA del centro, que se encarga de recoger, supervisar y preparar los lotes para las familias que participan”, describe Raquel Rodríguez, miembro del equipo de Formación de la FAPA.

El problema es que estos bancos requieren varios años de funcionamiento para ser rentables. “Las AMPA se encuentran con un problema de falta de recursos económicos y, hasta ahora, las familias aportan esos recursos. Algunas entidades locales están haciendo pequeñas aportaciones que ayudan a poder poner en pie este tipo de iniciativas, como el Ayuntamiento de Benicassim, pionero en la provincia en la creación y reutilización de los libros, pero es imprescindible que la Consellería destine recursos públicos”, anota Rodríguez. Y los fondos no llegan. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Fuente: http://www.zoomnews.es/103900/actualidad/espana/recortes-becas-bancos-libros-y-trueque

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