La Comunidad de Madrid deja sin integradores sociales a los colegios públicos

El gobierno regional ha decidido no renovar su contrato a más del 80% de ellos

Sus puestos serán ocupados por candidatos seleccionados a través del SEPE

Aurora Muñoz

“No podemos permitir que se juegue con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños con necesidades educativas especiales, y que ellos terminen siendo otras víctimas más afectadas por los recortes, por eso y en su nombre os pedimos ayuda”, proclama a través de internet María Teresa Martínez, madre de un niño con autismo. Esta madrileña ha recogido ya más de 92.500 firmas en la plataforma Change.org que respaldan su iniciativa. Reclama a la Comunidad de Madrid que no prescinda de los técnicos de integración social que trabajan con niños diagnosticados con trastornos del espectro autista (TEA).

El gobierno regional ha decidido no renovar su contrato a más del 80% de los integradores sociales que trabajan en las 104 aulas específicas para tratar trastornos generalizado del desarrollo (TGD) que hay en la comunidad. Marisol Panadero es una de las afectadas. “Llevo en la bolsa de trabajo desde 2008 y, hasta ahora, se repetía la misma dinámica todos los años. Cada curso escolar me hacían un contrato por obra y servicio de septiembre a junio, pasado el verano, volvía a incorporarme en las mismas condiciones”, relata.

Se trata de una modalidad de contrato tipificada como de fijo discontinuo. La nueva normativa admite que se concierten para realizar trabajos que sólo se desarrollan durante una parte del año, cuando se trata de una actividad intermitente o cíclica y no se repita en fechas ciertas dentro del volumen normal de trabajo en la empresa. Esta modalidad no puede alargarse más allá de los 24 meses de desempeño laboral en la misma empresa. Para evitar abusos de los empleadores, el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores dispone que si un trabajador encadena más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses, en dos o más contratos, se convierte automáticamente en fijo. La Comunidad de Madrid ha tomado buena nota así que, para evitar problemas legales, ha decidido prescindir este año de los servicios de todos aquellos que superan esta experiencia.
“Yo nunca denuncié esta situación, pero ha habido compañeros a los que tenían que haber hecho fijos y lo han reclamado. Estaban en su derecho, porque nuestros contratos están en fraude de ley. En enero, con la entrada en vigor de la reforma laboral, deberían habernos comunicado a todos que se modificaba nuestra situación laboral de cara a la Comunidad de Madrid y nos convertían en fijos”, explica Panadero. Sin embargo, nada de eso ha sucedido. Tras el verano, los 50 integradores sociales a los que afecta esta situación se enteraron por los gestores de la bolsa de trabajo que no iban a ser reincorporados.

La experiencia ya no es requisito fundamental

En su lugar, se contratará a personal nuevo a través de varias demandas de empleo generadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para las que se pide una experiencia mínima de un mes. “Desde la consejería de Educación nos han dicho que van a sustituir a estos integradores sociales por otros. Estos nuevos candidatos serán seleccionados entre los currículos que lleguen al INEM. El gran problema es que la mayoría de ellos apenas han trabajado en este ámbito. Muchos de los que se van, en cambio, llevaban una década elaborando sus propios programas, conocen bien a los alumnos y pueden darle una continuidad a su terapia”, denuncia Laura Hijosa, psicóloga y responsable del servicio de asesoramiento de la Federación Autismo Madrid.

Hasta la fecha, el personal contratado como integrador social se seleccionaba mediante un concurso de méritos en el que puntuaba la formación y la experiencia. A partir de ahora, el segundo criterio no cuenta. “La Comunidad argumenta que para hacerlos fijos tendrían que convocar unas oposiciones y, debido a la crisis, no se puede aumentar la plantilla de trabajadores públicos”, añade Hijosa. No es el único colectivo de fijos discontinuos al que le ha afectado el tijeretazo. La consejería de Sanidad también ha lanzado ofertas en el SEPE para sustituir a los enfermeros y fisioterapeutas con más tiempo de servicio bajo esta modalidad de contrato.

Desde Educación, se excusan. “Precisamente para atenerse a la legalidad, la Consejería no puede volver a contratar a los trabajadores que hayan estado trabajando 24 meses como personal laboral no docente. El artículo 23 de la Ley nacional 17/2012 restringen la convocatoria de plazas de ofertas de empleo público en todas las administraciones del país al personal funcionario docente, con el límite del 10% de la tasa de reposición, y no incluye a este personal que tiene carácter laboral y no docente”, responden a ZoomNews en el gabinete de prensa de este departamento.

El curso comienza sin soluciones

El curso comenzó este lunes, 9 de septiembre, y aún no está seleccionado el nuevo personal. “Nosotros, padres de niños con autismo, consideramos que la medida vulnera el derecho fundamental a la educación de nuestros hijos. Ya existe jurisprudencia del tribunal supremo que manifiesta que la rotación de personal y la falta de cualificación del mismo lesionan y vulnera este precepto constitucional. Además, con esta medida se pasan por alto el artículo 49 de la Constitución que obliga a las Administraciones Publicas a remover y eliminar los obstáculos para favorecer y promover la inclusión de las personas con discapacidad”, protesta Marina Prieto, de la asociación ProTGD.

Se refiere a la sentencia 3257/2011 del Tribunal Supremo, en recurso de casación sobre derechos fundamentales, señala que “si no se respetan las ratios, falta la programación y los protocolos de actuación, rota el personal, no se asegura su cualificación (…) difícilmente puede decirse que se haya respetado el derecho fundamental a la educación”. “Se lo ponen todavía más difícil a nuestros hijos, que en muchos casos, pierden las personas de referencia con las que llevan trabajando varios años. También se quedan sin la experiencia acumulada durante muchos años por estos trabajadores, tan fundamental para tratar con niños con TGD”, añade.

Paradójicamente, España fue el primer país del Grupo de Europa Occidental y el segundo en el mundo en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. “Si la actitud de la Comunidad de Madrid no cambia, desde Federación Autismo Madrid, estamos preparando las posibles actuaciones Judiciales”, advierte Jose Antonio Maleno, presidente de Sumate+A y responsable de comunicación de Federación Autismo Madrid.

Fuente: http://www.zoomnews.es/101878/actualidad/sociedad/comunidad-madrid-deja-integradores-sociales-colegios-publicos

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