El buzón contra el fraude laboral que propone Bañez vulnera la normativa actual

La Agencia Tributaria fue la primera en promover la delación ciudadana

Cataluña, que tiene transferidas las competencias de Justicia, ya lo tenía

Este sistema contraviene el derecho fundamental de defensa del acusado

Aurora Muñoz

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, ha lanzado un formulario online en su página web que pretende hacer las veces de confesionario para los acusetas. ¿Tiene usted un vecino que cobra su trabajo en negro? Empleo le deja manga ancha para que lo señale.


“Se podrán presentar denuncias por los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de Inspección un deber absoluto de reserva sobre la identidad del denunciante, por lo que existe una garantía absoluta de confidencialidad”, detalla la ministra Fátima Báñez en un comunicado. Este sistema delator, que ha sido bautizado como “buzón de lucha contra el fraude laboral”, no incluye ninguna casilla para indicar los datos personales del comunicador, de manera que, no sólo el denunciado desconocerá la identidad de su denunciante, sino que ni siquiera la propia Administración la sabrá.

Ana Herranz, de Comisiones Obreras, cataloga esta iniciativa como “una ocurrencia peligrosa”. “Lo que el Gobierno está proponiendo es que los ciudadanos nos dediquemos a acusarnos unos a otros por presuntas irregularidades, como si viviésemos en una novela de George Orwell“, advierte. La medida está inspirada en la política de austeridad que se aplica en todas las carteras gubernamentales o, al menos, esa es la lectura que le da Herranz. “Se ahorran parte del presupuesto que deberían destinar en aumentar los medios del departamento y, a cambio, delegan ese cometido en la gente”, añade.

Báñez apela en su nota a la responsabilidad social. “Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude”, apunta. Este comentario inclusivo contraviene el principio de Legalidad en el que se basa nuestro Estado de Derecho. Según los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución, los poderes públicos están plenamente sometidos a las leyes y son los encargados de velar por su cumplimiento. Los ciudadanos están excluidos de la obligación de ejercer como garantes.
“El Ministerio de Trabajo debería concentrar sus esfuerzos en ampliar el número de inspectores y subinspectores para realizar adecuadamente su función de control sobre la aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social. Si lo hiciesen como es debido, además de llevar a cabo su tarea de control con plenas garantías legales para todos, crearían puestos de trabajo, lo cual es una imperiosa necesidad”, considera Ana Murcia, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valladolid.

Los trabajadores, en el disparadero

Al departamento de Báñez le han llovido las críticas por esta iniciativa. UGT considera que la creación de este buzón vuelve a poner en el punto de mira a los trabajadores artificialmente. “Están dando por hecho que existe un incumplimiento generalizado de la norma por parte de los empleados y miran a otro lado cuando se trata de sancionar los incumplimientos laborales por parte de los empresarios”, denuncia la Comisión Ejecutiva Confederal de este sindicato. Herranz, de CC OO, se suma a la protesta. “Es importante poner el acento en que las personas que buscan trabajo no cometen estas faltas, sino la empresa que les presenta un contrato fraudulento”, sentencia.
UGT invita al Ejecutivo a perseguir “con el mismo celo profesional” donde se encuentran los verdaderos nichos de defraudación a las arcas públicas. “Empezando por las grandes fortunas y empresas”, anotan. “Resulta llamativo que el Gobierno haga proyecciones sobre supuestos infractores de la normativa de desempleo, cuando la tasa de cobertura por desempleo sigue bajando [se sitúa en junio en el 61, 98%], y cada vez son más los desempleados que no perciben ninguna prestación pública, lo que implica de desamparo y drama social”, exponen en una nota publicada en su web.

El director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, ha intentado salir al paso y asegura que el nuevo sistema sólo busca “mejorar la actividad planificada y la eficacia” de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en favor de los trabajadores y las empresas. “Tras la puesta en marcha del citado buzón de fraude la actividad de los jefes de inspección no va sufrir alteración alguna, por cuanto esta actividad ya la venían realizando”, sostiene. Desde el ministerio de Empleo recalcan que este tipo de iniciativas ya se desarrollan en otros países europeos, como Reino Unido, pero no hay que irse tan lejos para encontrar un antecedente.

Cataluña, la primera con buzón de delación

La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) desarrolla actualmente el llamado Plan de lucha contra la economía irregular y el trabajo no declarado, en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración. “Tenemos la firme convicción de que nuestros resultados siempre serán mejores si podemos contar con la colaboración de todas las personas y empresas decididas, como nosotros, a hacer frente al fraude laboral. Si quieres facilitarnos información, puedes utilizar el Buzón Colabora y rellenar el formulario”, invita la dirección general de la ITC.
Este organismo justifica su iniciativa como un servicio a la comunidad. “La economía irregular y el trabajo no declarado constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que implica para la mayoría de las compañías cumplidoras de la normativa, y a los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, en particular, si son inmigrantes sin autorización de trabajo o se encuentran en situaciones precarias o con riesgo de exclusión social”, recoge la página web.
Báñez ha hecho suyo este alegato e incluye cifras grandilocuentes del Plan integral contra el empleo irregular y el fraude en la seguridad social. La inauguración del servicio ha coincidido con el anuncio del Ministerio de que 60.004 beneficiarios de prestaciones por desempleo han perdido estas ayudas por haber rechazado ofertas de empleo o haber incumplido los requisitos para su acceso o mantenimiento.

La ministra aprovecha para vanagloriarse del alto número de inspecciones realizadas. Desde abril del año pasado hasta junio de 2013, se han realizado 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular lo que, según la ministra, se traduce en el ahorro de 3.160 millones de euros de las arcas públicas por la lucha contra el cobro indebido de las ayudas vinculadas al paro. Sin embargo, la titular de Empleo no detalla que parte de esos ingresos se destinará a reforzar el departamento, que actualmente está integrado por 877 inspectores y 951 subinspectores. La única mejora que propone es la creación del consabido buzón.
“Báñez, que podría haberse limitado a dar los datos que avalan las políticas antifraude, no ha medido el alcance de la manifestación pública de llamar a la delación de actuaciones irregulares, algo inapropiado en un momento como el actual, con situaciones también irregulares en el ámbito político”, opina Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona.

La propuesta carece de respaldo normativo

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT) ha utilizado su cuenta en Twitter para puntualizar que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 42/1997, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “las del buzón no podrán ser consideradas denuncias”.
En efecto, la norma detalla que no se tramitarán las denuncias anónimas, las que se refieran a materias cuya vigilancia no corresponda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), las que carezcan de fundamento ni las que coincidan con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional. Si no cambian las reglas y criterios sobre la actuación inspectora, una denuncia sólo puede ser tramitada si el jefe de la ITSS entiende que hay base jurídica para ello y, siempre que quien la presente cumpla con los requisitos de identificación previstos. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común detalla en su artículo 31 que no basta con identificarse como denunciante para verter una acusación. La condición de interesado exige titularidad de derechos o intereses legítimos.
“El Gobierno está empleando una doble vara de medir para los evasores fiscales, a los que concedió una amnistía hace unos meses, y para los parados y trabajadores de este país”, estima Ferrán Camas, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Girona. “Cualquier conducta que vulnere la ley debe ser perseguida, pero debe hacerse potenciando los instrumentos del Derecho, sin denuncias anónimas y garantizando un procedimiento transparente”, reclama.

Hacienda también promueve la delación

Lo cierto es que Hacienda fue la primera en promover la delación. La Agencia Tributaria ofrece la posibilidad al ciudadano de que inicie una acusación contra un defraudador a través de su página web. El enlace se llama ‘denuncias tributarias’. El delator pone en conocimiento de la Administración tributaria hechos que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. Una vez recibida la documentación, Hacienda iniciará las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y estos son desconocidos por la Administración tributaria. Con el proceso iniciado, el denunciante desaparece de la investigación y tramitación. De hecho, el Fisco no considerará al delator como parte interesada en las actuaciones administrativas que se inicien, ni se le informará del resultado.

Este protocolo, sin embargo, contraviene el derecho de defensa, que conlleva conocer la identidad del denunciante, puesto que la acusación puede evidenciar venganzas o revelar que la información se obtuvo lesionando derechos fundamentales del denunciado. Así mismo, el artículo 135 de la Ley 30/1992 reconoce el derecho del imputado a “ser notificado de los hechos que se le imputen y de las infracciones que tales hechos puedan constituir”. Al tratarse de un derecho fundamental, debería anteponerse a la protección de datos. La denuncia es previa a la incoación del expediente pero una vez iniciado, en aplicación de este punto de la normativa, el acusado tiene derecho de acceso al expediente e incluso a obtener copias de documentos contenidos en ellos.

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