Los periodistas quieren frenar las entrevistas pagadas a testigos y protagonistas de juicios mediáticos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España hace un llamamiento a los medios audiovisuales para que pongan fin a estas prácticas

Los periodistas jurídicos denuncian la falta de preparación de algunos compañeros

‘La Noria’ fue boicoteada por el pago de una entrevista a la madre de ‘El Cuco’

Aurora Muñoz

“Pagar por entrevistas a vinculados en juicios supone un engaño al espectador y una deformación de la causa judicial”. Así de tajante se ha mostrado Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), durante la presentación del balance anual de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación. La avalancha de quejas sobre el tratamiento informativo en casos mediáticos como el de Marta del Castillo, Bárcenas o Bretón ha propiciado que esta junta haga un llamamiento a los medios audiovisuales, especialmente a las televisiones, para que no paguen las entrevistas de testigos o protagonistas de procesos judiciales.


La FAPE ha argumentado su recomendación con un informe en el que apela a la responsabilidad social de los periodistas. “La libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva son dos principios fundamentales que se tensan recíprocamente. Tras el choque, la única manera de que ambos queden salvaguardados es aplicar su recíproca ponderación. Como ya escribió John Rawls, las libertades básicas constituyen una familia cuyos miembros han de ajustarse para garantizar el espectro central”, recoge el texto.

El artículo cinco del Código Deontológico de la federación ya establece que los profesionales de la comunicación deben “evitar en sus informaciones a los familiares y amigos de personas acusadas o condenadas por un delito, salvo que su mención resulte necesaria para que la información sea completa y equitativa”. Cerca de 40 medios de comunicación y empresas informativas están sujetas a estas directrices por voluntad propia pero, ¿cumplen con ellas?

“Hay que partir de una distinción”, puntualiza Luis Fernando Rodríguez Guerrero, asesor en materia de comunicación de la Portavocía del Consejo General del Poder Judicial. “Quiero pensar que, en lo que se refiere a los servicios informativos se refiere, el recurso a los testimonios pagados es inexistente o, cuanto menos, anecdótico. Los programas no estrictamente informativos ya son harina de otro costal. El objetivo último de estos espacios es conseguir elevados índices de audiencia para recaudar ingresos publicitarios. Respecto a estos, soy bastante pesimista”, reconoce.

La opinión pública lleva varios años reclamando la regulación de este tipo de intervenciones en televisión. El caso más sonado fue el que tumbó a La Noria, de Telecinco. El bloguero Pablo Herreros lanzó la campaña “No más crimen pagado en televisión” para solicitar a los anunciantes que abandonaran su inversión en el programa, que había pagado 10.000 euros a Rosalía García, la madre del Francisco Javier García Marín El Cuco, condenado por encubrimiento en el caso Marta del Castillo. Herreros reunió en un vídeo los testimonios de tres familias de víctimas, las de la menor desaparecida en Sevilla, Sandra Palo y Ana Jerez; y a los periodistas Maruja Torres, Juan Ramón Lucas y Juan Luis Cano, que pusieron rostro a su reclamación.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Recogió más de 37.000 firmas y los bloques de publicidad fueron adelgazando hasta desaparecer por completo. Bayer, Campofrío, Puleva, Banco Sabadell, La Razón, L’Oreal, El Corte Inglés, Decathlon, Audi, Bimbo, Vodafone, Danone, Mercedes-Ben Vitaldent y Wilkinson se sumaron a la desbandada. Sin ingresos de las marcas, a Jordi González no le quedó más remedio que despedir su espacio. El caso, que coincidió en el tiempo con otros similares en la misma cadena –Luis Roldán, Julián Muñóz o Maite Zaldívar– llevó a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, a plantear un debate en el Congreso de los Diputados para impedir que las televisiones pagaran entrevistas a condenados con indemnizaciones pendientes, e incluso a los imputados.

La publicidad ya no es una garantía procesal

“Esas prácticas distorsionan el juicio, dificultan esclarecer la verdad, condicionan la declaración de los testigos y prefabrican un veredicto al que se tiene que atener el juez o, en caso contrario, afrontar después el descrédito personal”, valora el magistrado José Ángel Folguera, adscrito al Juzgado de lo Social número 30 de Madrid. “El Código Penal debería incluir medidas como obligar a quienes propongan o acepten pagos de este tipo a contribuir con los gastos del proceso”, propone.

El Tribunal Constitucional ha señalado en numerosas sentencias que la publicidad procesal que establece el artículo 120.2 de la Constitución Española se encuentra inmediatamente ligada al derecho de los ciudadanos a participar en un proceso con todas las garantías y  a su derecho a obtener información. Los tribunales no pueden ser un recinto cerrado a la información cuya actuación permanezca silenciada. Una resolución judicial puede y debe ser difundida, como garantía de transparencia. Sin embargo, la dimensión pública de la Justicia ha tomado un cariz contraproducente.

El tratamiento mediático de algunos casos ha dejado de constituir una salvaguarda para el acusado y se traduce en un deterioro o lesión de su derecho a la tutela judicial. Los juicios paralelos en los platós pueden derivar hacia un linchamiento colectivo. “El llamamiento de la FAPE a no comprar testimonios sobre asuntos de actualidad no es una recomendación, es un recordatorio de uno de los principios fundamentales del periodismo responsable”, recuerda Rodríguez. “La profesión necesita una reflexión severa y recuperar aquellos principios que hacen de nuestro trabajo una función social imprescindible en un sistema democrático. Deberíamos mirar, con preocupación y con espíritu de enmienda, lo que está ocurriendo en Gran Bretaña”, agrega.

Escándalos como el de News of the World han convertido a Reino Unido en la cuna del amarillismo. La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión, BBC) ha tratado de poner freno a esta deriva con un apunte en sus directrices editoriales. “Debe consultarse con el responsable de política editorial la decisión de pagar, efectuar una promesa de pago o hacer un pago en especie a delincuentes o exdelincuentes, directamente o a través de terceros, por una entrevista u otro tipo de colaboración relacionada con sus delitos. Esto es aplicable también a sus familiares, amigos y colegas”, se detalla en la guía de valores y criterios de este medio.

Autorregulación frente al normativismo excesivo

Algunos periodistas especializados en información de tribunales consideran que es preferible implantar un comité deontológico que vele por las buenas prácticas a que se legisle. “El peor horizonte para los medios de comunicación es la imposición de una regulación externa. Lo que sucede es que si estas recomendaciones no van acompañadas de medidas coercitivas no tendrán efectividad”, advierte José Yoldi, exredactor jurídico de El País y premio Víctor de la Serna al reportero más destacado del año. “En este país, el que cree que puede hacer trampa, la hace”, sentencia. Amaya Huarte, periodista jurídica de Europa Press, discrepa. “La única manera de evitar ese atentado contra los principios fundamentales de la ética profesional es que se impongan sanciones. Necesitamos un marco legal que sirva de elemento disuasorio porque cualquier organismo que emita resoluciones no vinculantes mantendrá la situación actual”, defiende

El artículo 458 del Código Penal tipifica el delito de falso testimonio, tanto si se presta en procesos civiles como en procesos
penales. El tipo básico de este delito es “faltar a la verdad”, pero rara vez se aplica. El artículo 460 amplia la penalización a aquellos que “sin faltar sustancialmente a la verdad la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos”. Ambas normas evidencian que el Derecho español prevé medidas contra la picaresca de los testigos. Las malas prácticas periodísticas, por el contrario, tienen una condena más difusa en este sentido.

“Los periodistas deben de tener el celo de preguntar aquello que ponga contra las cuerdas al protagonista del proceso judicial y no retratar en exclusiva su versión”, opina Daniel Camposperiodista de la agencia de noticias Servimedia. “La entrevista a Luis Bárcenas en El cascabel al gato en 13TV fue una vergüenza. Bárcenas tiene derecho a utilizar la llamada que tiene al día o los bis a bis para hablar con la prensa, en ejercicio de su libertad de expresión. Ahora bien, la responsabilidad social obliga a los medios de comunicación a, al menos, mantener una actitud crítica y repreguntarle aquellas cosas que la ciudadanía quiere saber. Para eso, hace falta periodistas muy preparados, con un conocimiento profundo de la investigación, la instrucción y del sumario, pero no siempre lo están”, se lamenta.

Alberto Pozas, redactor de tribunales de la Cadena SER, comparte su punto de vista. “Hay que tener cuidado con la espectacularización de la información. Al final, los casos muy mediáticos acaban por convertir los juzgados en una especie de reality y los protagonistas se deforman en personajes televisivos que no siempre se corresponden con quienes son en realidad”, indica. “Julián Muñoz, que pasa por ser uno de los individuos con más causas penales abiertas, se ha convertido en el pintoresco marido de una folclórica para el colorín”, denuncia. Pozas teme que las recomendaciones de la FAPE no puedan limpiar este panorama de la parrilla. “Vivimos en una época en la que no se puede elegir. Los medios están condenados por las audiencias y, al final, el objetivo es vencer en esa carrera con una exclusiva que traiga ventas”, concede. “La industria tiene que dar un hueco en virtud de la higiene periodística. Los periodistas necesitamos que nos dejen ceñirnos más a los hechos que a lo tropical”, zanja.

Fuente: http://www.zoomnews.es/76850/actualidad/sociedad/fape-pone-coto-al-pago-entrevistas-testigos-y-protagonistas-juicios-mediat

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