La discriminación a discapacitados no cabe en el derecho de admisión

Castilla-La Mancha denuncia a un hotel que denegó la entrada a discapacitados

Hace unos meses, una asociación de Síndrome de Down también demandó a otro hotel en Almería

El derecho de admisión no puede vulnerar derechos fundamentales o discriminar

Aurora Muñoz

“No pueden hospedarse aquí. El grupo podría molestar a otros clientes”. Así despachó el pasado mayo la dirección del hotel CaboGata Plaza Suites a una trabajadora de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido) cuando les pidió explicaciones por teléfono por haber rechazado a sus socios. Este colectivo había solicitado un presupuesto de alojamiento a una agencia de viajes para organizar el viaje de fin de curso de un grupo de jóvenes con síndrome de Down de un centro educativo concertado con la asociación. El hotel fue tajante en su negativa a recibirlos. “No admitimos grupos de personas con discapacidad psíquica”, zanjaron fuentes del establecimiento, según la versión de Francisco Navarro, gerente de la asociación.


Por esas mismas fechas, un grupo de discapacitados psíquicos del Centro de Ocupación de Tarancón (Cuenca) recibió también el no por respuesta cuando solicitaron hospedarse en un hotel de la cadena ZT Hotels en Peñíscola. Según el Foro de la Discapacidad de Cuenca, los responsables del establecimiento negaron la estancia por “miedo a que se produjeran situaciones de agresividad” con estas personas, según la denuncia que presentaron, y que ahora ha hecho suya la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha. El consejero José Ignacio Echániz ha pedido este lunes a la Fiscalía de Castellón que investigue este caso, “porque debemos ser contundentes ante este tipo de discriminación, no podemos tolerar que vuelva a suceder”. La cadena ZT Hotels se ha limitado a negar cualquier discriminación y achacan su negativa a este grupo porque carecen de habitaciones cuádruples o triples para hospedar al grupo.

También la asociación Asalsido presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el hotel Cabo Gata Plaza Suites de El Toyo (Almería) por no permitirles hacer la reserva para sus chicos con Síndrome de Down. La directora del hotel, Olivia García, pidió disculpas por lo ocurrido y mantuvo entonces que todo se trató de un malentendido. “No sabíamos que eran personas con síndrome de Down. Hemos acogido a grupos de este tipo en varias ocasiones”, defendió en un comunicado. La organización no gubernamental (ONG) Down España no cree las explicaciones de la hostelera. Advierten que los hechos vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España.

Francisco Bastilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo no se anda con medias tintas. “El derecho de admisión de un establecimiento público no puede vulnerar derechos fundamentales ni crear situaciones discriminatorias”, sentencia. Sin embargo, esta normativa ha servido de amparo a muchos propietarios para enmascarar la exclusión social. Hace ya un lustro, un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona (UB) constató que la mayoría de los locales de ocio nocturno de la capital catalana usaban de manera sistemática el derecho de admisión como técnica de discriminación racista. Las personas identificadas como “extranjeros pobres” son quienes más sufren estas prácticas.

La legislación vigente prohíbe expresamente las condiciones específicas de admisión que supongan “discriminación o trato desigual”, según recoge el artículo 6 del Real Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Admisión de Espectáculos y Actividades Recreativas de Andalucía. El resto de las normativas regionales contienen cláusulas similares. Vetan, específicamente, los puntos que marginen a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Un conflicto normativo que enfrenta dos derechos

“Es un tema complejo ya que hace colapsar el derecho del empresario de establecimientos de acceso público a garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los que usan el establecimiento, al mismo tiempo que se protege al cliente de situaciones de desigualdad o afrentas a la dignidad de la persona. Por lo tanto, el reglamento exige un juicio de proporcionalidad en su aplicación”, aclara Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la universidad madrileña CEU-San Pablo.

Aquellos casos en los que el usuario vea vulnerados sus derechos deben ser denunciados. “La empresa no puede poner las reglas que quiera para decidir quién entrar porque el local está abierto al público. Cualquiera debería poder disponer de sus servicios salvo que tenga una conducta violenta o no cumpla las normas de etiqueta, entre otras cuestiones. Si no se permite pasar a una persona por su aspecto físico u otras razones que no se atienen a la legalidad, habría que pedir una hoja de reclamaciones”, explica Ruben Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción.

“A veces sucede que los propietarios del establecimiento saben que están incumpliendo la normativa y, por ese mismo motivo, no facilitan la hoja rosa. En ese caso, el usuario puede llamar a la Policía Local para que se persone en el local y levante atestado de la irregularidad que se está produciendo. Esta verificación por parte de la autoridad sería prueba suficiente para poder presentar la denuncia ante los organismo de protección al consumidor de la Comunidad”, añade. “Ya es hora de dejar de restar importancia a estas situaciones. La única manera de que las cosas cambien es plantar cara”, asegura.

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