Los abogados de Bárcenas y de otros ilustres imputados se hartaron de sus clientes

El abandono del caso por parte de Bajo y Trallero se produce justo después de la publicación de la entrevista de Pedro J. Ramírez al extesorero

Roca, Millet y Carcaño se quedaron sin letrados con un procedimiento iniciado

Aurora Muñoz

Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero han renunciado a la representación de Luis Bárcenas, extesorero del PP, por “discrepancias profesionales en el criterio de defensa” y la “pérdida de confianza” en su cliente, según han explicado en un escrito que han presentado en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Gürtel y una pieza separada del éste, los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas sobre una supuesta contabilidad paralela en el Partido Popular (PP).
Ambos letrados llevaban cuatro años a cargo de la defensa de Bárcenas, desde que fue imputado en la trama. Sin embargo, la amenaza del extesorero de destapar “un escándalo que haga caer al Gobierno”, en una entrevista concedida al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, podría haber sido la gota que ha colmado la paciencia de Bajo y Trallero. Sólo un día después, decidieron dejar de prestarle sus servicios.

Anteriormente, Bárcenas había reconocido que mintió al juez Antonio Pedreira, el primero que investigó el caso Gürtel, acerca de sus cuentas en Suiza. Esta vez, suma un falso testimonio más a las lista de falsedades. “Bárcenas negó su autoría en 13TV diciendo que ese papel ‘no ha existido y, en consecuencia, esa no es mi letra’. (…) Dijo que ese falso desmentido había sido un acto de lealtad  hacia Rajoy“, figura en el texto de El Mundo. El periódico ya deslizó en febrero que aquella intervención en la televisión de los obispos se realizó en presencia de sus abogados y al dictado de las respuestas que tenía escritas en un papel. Este tipo de insinuaciones contribuyen a que la credibilidad de los letrados se diluya.
Bajo y Trallero acudieron a la prisión de Soto del Real, donde está ingresado Bárcenas desde hace doce días, para comunicarle en persona la renuncia antes de que la noticia saltase a los medios de comunicación. Su último servicio al extesorero ha sido recurrir la fianza de 43,2 millones de euros que le impuso la semana pasada Pablo Ruz, el juez que lleva el caso. Ahora el extesorero se queda sin representación.

Ruz abrirá un plazo para que designe un nuevo letrado, y si en esos días se produce alguna novedad que exija su defensa,  Bajo y Trallero tienen la obligación de representarle. Sin embargo, todo parece apuntar a que no habrá necesidad. “El nuevo abogado de Luis Bárcenas tiene una larga carrera judicial y enorme solvencia”, ha manifestado ante la prensa el letrado Miguel Durán tras reunirse en la cárcel con el extesorero del PP. Sus declaraciones despejan el interrogante. Bárcenas ya tiene sustituto. La Gaceta apunta al magistrado y abogado Javier Gómez de Liaño, quien, además, es columnista en El Mundo. Se cierra el círculo.

La pérdida de sintonía marca la línea roja

“La renuncia no está sujeta a ningún requisito. Esta opción forma parte de la libertad del abogado, que sólo tiene el deber de cuidar que su abandono no cause indefensión al acusado”, advierte José Mª Paret, experto en derecho penal económico y derecho penal vinculado a la actividad empresarial en el bufete de Cuatrecasas. “Este señor se ha desmarcado de la estrategia profesional de sus letrados. Es imposible desarrollar una línea de defensa si no existe sintonía entre el cliente y sus abogados”, valora.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977, regula el derecho a la defensa en el artículo 14.3. “Toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”, recoge esta norma. La Constitución española también expresa esta garantía de asistencia legal en los mismos términos. Este derecho no está reñido con la libertad profesional de los letrados.

Una vez tomada la decisión de abandonar el caso, el abogado debe comunicársela al cliente y al Juzgado al menos siete días antes de la próxima vista. Debe solicitar por escrito que se le designe abogado de oficio a su hasta entonces representado mientras que éste no nombre a otro abogado particular, según explican fuentes del Consejo General de la Abogacía. El objetivo es que la parte no se vea privada de los derechos que tiene durante el proceso.
Ese es justo el procedimiento que han seguido Miguel Bajo y Alfonso Trallero. A pesar del revuelo que ha ocasionado la renuncia de los abogados de Bárcenas, esta práctica se ha dado en varios casos muy mediatizados. Pau Molins, del bufete Molins & Silva, anunció en julio de 2010 que dejaba la defensa de Félix Millet, expresidente del Palau de la Música por una pérdida de confianza en su cliente.
En el caso Marta del Castillo hubo abandonos a dos bandas. Ya antes lo había hecho Antonio Jiménez. El letrado de Miguel Carcaño optó por dejar la causa después de que el joven cambiase su versión de los hechos. La confesión del sevillano de haber violado a la menor fue la gota que colmó el vaso. Carcaño se desdijo más tarde, pero no había vuelta atrás a la decisión de Jiménez. Una vez terminado el proceso, le tocó su turno al abogado de la familia de Marta del Castillo. José María Calero renunció a seguir representándolos “a la vista de las diferencias de criterio surgidas a raíz de los últimos acontecimientos judiciales“, según el escueto comunicado de su bufete, Montero Aramburu Abogados. También tiró la toalla José Aníbal Álvarez, que ejercía la defensa del exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca. Con su renuncia, dejó atrás la representación de su cliente en el caso Malaya y en los otros 80 procedimientos penales y civiles que tenía abiertos hace tres años.
“La quiebra de la confianza no es la única razón para dejar un caso, aunque dé mejores titulares”, advierte Jesús Verdugo, abogado penalista y decano del Colegio de Abogados de Valladolid. “A menudo el abandono se produce a consecuencia de impagos por los servicios de representación legal”, concreta, aunque ese no es el supuesto aplicable a los procedimientos mencionados. “Los procesos que atraen la atención de la prensa conllevan mucho desgaste. Son muy intensos. Es habitual que, si se alargan, la tensión acabe desgastando la relación entre letrado y cliente hasta el punto de que sus criterios dejen de coincidir. Ese momento, cuando el defendido se empeña en ir por otros derroteros, es completamente lícito apelar al código deontológico y abandonar”, concluye.

Fuente: http://www.zoomnews.es/68729/actualidad/sociedad/barcenas-defendido-discolo

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