El Gobierno trata de imponer condiciones a estudios alimenticios independientes

Una enmienda del PP obligaría a las asociaciones de consumidores a homologar los informes agroalimentarios para su difusión

Los populares sostienen que la empresa involucrada debe emitir un contranálisis antes de que se publiquen los datos

Aurora Muñoz

El Proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, publicado el pasado 15 de febrero, busca el equilibrio contractual en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que actúan en el sector agroalimentario español, según expone el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Sin embargo, una enmienda introducida por el Grupo Popular en el Congreso ha hecho saltar por los aires el consenso.


“Todas las pruebas o análisis en que se basen los estudios (…) deberán ser realizadas por un laboratorio que posea una acreditación equivalente a la exigida a los laboratorios autorizados para intervenir en el control oficial de alimentos”, reza el texto. El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha mostrado su rechazo a esta propuesta. El organismo considera que exigir a las asociaciones de consumidores a cumplir los mismos principios y garantías que a la Administración contribuiría a disuadir a entidades independientes de la elaboración de informes para denunciar irregularidades en la cadena alimentaria. “Esta homologación de los estándares obligaría a las asociaciones de consumidores a recurrir a las pocas empresas externas que contasen con el visto bueno de las autoridades. Los recursos se reducirían, subirían los costes y muchas organizaciones tirarían la toalla”, explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción.

El derecho a réplica de la industria podría servir para retrasar la denuncia

La enmienda contempla también que, antes de publicarse, los resultados deben ponerse en conocimiento de la empresa productora para que ésta pueda realizar un contranálisis. En el caso que las conclusiones de ambos estudios no coincidan, se llevará a cabo un análisis dirimente. Sólo entonces podrá trascender el contenido de la investigación agroalimentaria. “El texto no especifica cuánto tiempo tiene la compañía para elaborar su informe, de manera que esta puede retrasar la publicación de manera deliberada. Pongamos un ejemplo. Un estudio sobre dulces navideños tiene mucho interés en diciembre pero, si la compañía consigue aguantarlo hasta agosto, pierde impacto y, además, el consumidor ya ha ingerido sus productos”, añade Sánchez.

No sería la primera vez que un documento perjudicial para la industria se queda en un cajón durante años. Un informe oficial de diciembre de 2003, elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), halló una concentración muy superior a la permitida en muestras de pez espada, marrajo y tintorera recogidas en el Atlántico y el Índico. Sin embargo, el estudio fue calificado como confidencial y todos los Ejecutivos se negaron a hacerlo público hasta que la organización ecologista Oceana, tras un litigio de más de tres años, logró que la Audiencia Nacional le diera acceso al texto, tal y como publicó el periódico El País.

Una homologación necesaria, pero excesivamente estricta

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que se trata de “un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado” y denuncian que la propuesta de los populares surge en respuesta a las presiones de la industria para evitar que se destapen nuevos escándalos y fraudes alimentarios como el del aceite de oliva virgen extra, las hamburguesas con carne de caballo o la calidad de la leche. Abel Mariné, catedrático en Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona, pone en cuarentena alguno de estos estudios y encuentra aspectos positivos en la homologación de la investigaciones. “Se publican informes con muy poco fundamento y con tendencia a sacar conclusiones injustificadas. Muestra de ello fue un informe de principios de año que colocó a varias marcas de leche en el punto de mira con datos insuficientes”, critica. “Eso no quita que, mientras se explique adecuadamente la metodología, qué laboratorios han llevado a cabo el análisis y cómo se han interpretado los resultados, debería ser suficiente”, puntualiza.

Los populares no comparten este planteamiento. La enmienda advierte que cualquier organismo que esquive estas directrices podría ser amonestado. “El incumplimiento de los principios y requisitos aplicables a los estudios (…) llevados a cabo por entidades de carácter público o privado destinados a su difusión pública, (…) podrá ser considerado como un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”, recoge la enmienda.

Silvia Barquero, portavoz del Partido Animalista PACMA, interpreta que esta advertencia podría servir al Gobierno para ordenar la retirada de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios no homologados o su eliminación de páginas web, incluyendo sanciones para los responsables de las publicaciones. “Ahora, a la opacidad en las alertas alimentarias que han mantenido los gobiernos de PSOE y PP se suma esta enmienda que coartará la libertad de expresión y limitará el derecho a la información. Es inaceptable. Merecemos una ley que favorezca un mejor conocimiento de lo que comemos a través del etiquetado de los alimentos, que nos permita como consumidores éticos elegir qué productos compramos y cuáles dejamos de consumir”, concluye.

Fuente: http://www.zoomnews.es/60787/actualidad/sociedad/gobierno-trata-imponer-condiciones-estudios-alimenticios-independientes

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