La Ley de Comunicación de Ecuador sustituye la censura previa por la cobertura obligatoria

La Unión Nacional de Periodistas considera que la norma “protege la corrupción”

El “linchamiento mediático” describe un delito aplicable específicamente a la prensa

Aurora Muñoz

“Uno de los grandes problemas planetarios es el desarrollo de negocios privados dedicados a la comunicación social, que es un bien público, fundamental para la sociedad. Hacer dinero con esto, es una contradicción de base”, defendía el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hace más de un año, en una entrevista concedida a la periodista Ana Pastor. El proyecto de crear una nueva Ley de Comunicación para el país llevaba cocinándose a fuego lento desde 2008. “Cuando llegué al Gobierno, me encontré con que cinco de los siete de los canales nacionales de televisión pertenecían a la banca. Aquello se convirtió en un problema cuando tratamos de regular el sector. Los medios se nos echaron encima porque prevalecían sus intereses económicos sobre el deber de informar”, argumentaba entonces.


Correa ha batallado sin descanso contra medios contrarios a su Ejecutivo. El periódico El Universo, por ejemplo, se ha visto envuelto en un proceso judicial por un artículo de opinión en el que se tildaba al presidente de “dictador”. Otros, como El Extra, han optado por suavizar sus portadas para evitar la retirada de algún ejemplar por la carga sanguinolenta. Este tabloide, dedicado a la cobertura de sucesos, ha sustituido las fotografías más explícitas por ilustraciones de cara a sortear la censura que le adivinaban a la futura ley. En efecto, la normativa que acababa de aprobar la Asamblea Nacional de Ecuador contiene un artículo específico dedicado al contenido violento (art. 66), que limita la difusión de este tipo de informaciones.

“Las disposiciones que contiene no se diferencian en nada a las que establecían las dictaduras militares que asolaron la región en los años 70 y 80 del siglo pasado. Se trata del retroceso más grave de la libertad de prensa que ha vivido América Latina en su historia reciente”, considera Claudio Paolillo, presidente de la comisión de libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. “La ley es la culminación de un plan de Correa que determina la instauración de la censura previa en Ecuador, legaliza la acumulación de medios en manos del Estado, viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y busca eliminar los pensamientos críticos contra el gobierno”, acusa.

Un organismo de control para sortear la Corte

El reglamento, sin embargo, establece la “prohibición de la censura previa” en su artículo 18. Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, advierte que el texto tiene truco. “Este punto señala que los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. Así mismo, indica que la omisión del recurrente de la emisión de estos contenidos constituye un acto de censura previa que luego se castiga, de tal manera que el medio que decida no cubrir los actos de la agenda presidencial podría arriesgarse a ser amonestado”, interpreta este jurista.

Según dispone el artículo 55, la valoración última de lo que es punible y lo que no dependerá de la Superintendencia de la Información y la Comunicación. “Los miembros que integran este órgano estarán nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana que, a su vez, ha sido designado por la asamblea ecuatoriana. Ellos tendrán que escoger a los candidatos de entre una terna que ha sido elegida por el propio presidente. Esto garantiza que, sean quienes sean los seleccionados, mantendrán una línea ideológica en sintonía con Correa”, desbroza. La práctica demostrará si el organismo se destapa como un ejecutor independiente pero lo cierto es que, tal y como expone el texto, su capacidad punitiva escapará del control de los tribunales. El gobierno ya no necesitará contar con el favor de los jueces para clausurar un medio o imponerle una multa.

Una veda que abrió el proceso a ‘El Universo’

“Acá nos preocupa especialmente la ‘responsabilidad ulterior’ [art. 19, 20 y 21], que consiste en que la responsabilidad civil y penal de un periodista se transfiere al dueño del medio. Esta misma figura tiene su precedente en la de ‘responsabilidad coadyuvante’, que fue la que utilizó el Gobierno contra los dueños del diario El Universo. Su inclusión expresa en la nueva ley contiene un planteamiento político subyacente: si pudimos con el diario más importante del país podremos con todos”, opina Andersson Boscan, redactor del diario Expreso.

Este concepto también existe en la legislación española y se denomina “responsabilidad en cascada“. Este sistema surgió para impedir la impunidad derivada del anonimato en los delitos cometidos a través de la prensa, ampliando la responsabilidad sucesivamente y de forma subsidiaria, en defecto del autor real o intelectual de los contenidos delictivos, a los directores, editores e impresores. “En una democracia, hay que ver la vertiente objetiva y subjetiva del Derecho. Una norma no sirve solamente para que se aplique individualmente sino que debe de ser un exponente de la defensa del Estado. Los tribunales españoles siempre han entendido que el elemento objetivo de la libertad de información es muy importante porque se trata de un pilar de la opinión ciudadana. Cualquier restricción debe estar muy justificada y ya está previsto por el código con las leyes que protegen el derecho al honor, la propia imagen o el deber de rectificación. Ecuador, por el contrario, ha preferido privilegiar la subjetividad”, valora Virgala.

El catedrático de Derecho Constitucional pone el acento en la creación del delito de “linchamiento mediático”, descrito en el artículo 26 de esta norma como “la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. El concepto no es nuevo. Correa lo empleó el pasado mes de abril en el caso de María Augusta Calle, una diputada de su partido, que fue acusada de mantener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Vamos a ver que dice la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Fundamedios sobre este linchamiento mediático”, afirmó entonces el Jefe de Estado.

Un nuevo delito para el periodismo

“Esta figura no es inocente y puede condicionar las investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de que personas que cometan irregularidades se escuden en dicha figura para frenar la investigación periodística y eludir, de esta manera, sus responsabilidades”, analiza Nemesio Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador sostiene esta misma idea.

Su presidente, Vicente Ordoñez, ha manifestado que el texto protege la corrupción y ha adelantado que agotará “todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país”. “Cuando una información es veraz, de interés general y está suficientemente contrastada, el periodista tiene el derecho y el deber de difundirla para garantizar el derecho de información de los ciudadanos. El periodista sabe que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su propio consentimiento. También debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario”, apoya el vicepresidente de la FAPE.

Ana Azurmendi, experta en Derecho de comunicación, también apela a la responsabilidad del profesional y pone en duda la utilidad de esta normativa. “Crear un delito específico para periodistas es un error. Esta es una práctica que hace siglos que se había abandonado“, defiende. “Es extraño que Ecuador haya optado por unificar toda la normativa aplicable a la prensa en una ley específica, mientras que en la mayoría de los países se ha optado por cortar la cabeza del pulpo y que cada rama de la comunicación dependa de un ámbito del Derecho diferente. En España, los temas de competencia y pluralismo son competencia, como principio, se contemplarían en el Derecho Constitucional, en su regulación por Derecho Mercantil, y las afrentas contra el honor están reguladas en el Código Penal”, detalla.

No obstante, Azurmendi encuentra puntos positivos en la ley. “El Principio de Participación [art. 13] es interesante, puesto que servirá para poner sobre la mesa el punto de vista de las audiencias. Así mismo, la exigencia de que los cargos inherentes a la comunicación sean desempeñados por comunicadores o periodistas [art. 42] puede convertirse en una garantía de la profesionalización de los medios de comunicación”, señala.

Esta profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra alaba el intento de Correa por distribuir equitativamente las frecuencias. El reparto, según el texto legal, quedaría dividido en tres partes: el 33%, para medios públicos, el 33% para medios privados y el 34%, para medios comunitarios. Esta división del pastel, de apariencia salomónica, también tiene gato encerrado. Según cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente en Ecuador el 68% de los medios de comunicación son privados, el 32% pertenecen al sector público y no existe ningún medio comunitario. Eso supone que el Ejecutivo de Correa no necesitaría sacrificar a ninguno de sus voceros en la operación, mientras que parte de sus opositores perderían terreno en las ondas.

Fuente: http://www.zoomnews.es/60248/actualidad/mundo/ley-comunicacion-ecuador-sustituye-censura-previa-cobertura-obligatoria-agend

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