La LOMCE, un capricho del ministro Wert que no contenta a nadie

El cambio conlleva un empeoramiento con respecto a la norma de 1970

El Consejo de Estado sugiere la conveniencia de llegar a un acuerdo general

Aurora Muñoz

El Consejo de Ministros finalmente no debatirá hoy la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se ha asegurado que el Gobierno paraliza momentaneamente su tramitación ante la falta de consenso, pero fuentes de Moncloa aseguran que la vicepresidenta ha sido la que ha tomado la decisión. La mano derecha de Mariano Rajoy ha decidido detener el recorrido de la LOMCE hasta que esté completamente pulida. Según ha podido saber ZoomNews Soraya Sáenz de Santamaría (sumamente escrupulosa con estos temas) no está satisfecha con la redacción de los subsecretarios y con el remate de los aspectos económicos. No habría, sin embargo, ningún problema con los temas de fondo.


La LOMCE no entrará en el Consejo y no lo hará tras darse de bruces con el desplante de la comunidad educativa en una jornada de huelga en todos los niveles de enseñanza, que ha contado con un seguimiento entre el 70 y el 75%, según los datos de Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de trabajadores de la Enseñanza (STES-I). Profesores, estudiantes y organizaciones de padres de alumnos se quejan de la supresión de Educación y Ciudadanía, el blindaje de los conciertos para los centros que segregan por sexo a su alumnado, las evaluaciones que las universidades pueden realizar para seleccionar a los estudiantes o la disminución de la participación de padres y docentes en los órganos de control y gobierno de los centros, entre otros muchos aspectos.

Esta reforma, impulsada por el ministro José Ignacio Wert, supone una modificación parcial en puntos clave de la Ley orgánica de la educación (LOE). Sin embargo, algunas voces discordantes considera que el cambio conllevará un empeoramiento con respecto a la Ley General de Educación (LGE) de 1970. Una involución de nada menos que tres décadas. César Arenas, miembro de la Federación de Enseñanza y Consejo de la Unión de Castilla y León de CC.OO. explica que aquella reforma educativa se hizo para mejorar la productividad de una economía en expansión.  Ahora, con un proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación competitiva, nos devuelve a una sociedad más desigual, en la que podría parecer que no tiene sentido preparar a la generación más formada de la historia, para que acabe emigrando.

Asimismo, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, sugirió la conveniencia de llegar a un acuerdo general entre las fuerzas políticas y sociales para lograr un texto que dé estabilidad al sistema. La recomendación no ha impedido que el titular de Educación haya mantenido su proyecto. ZoomNews ha analizado los puntos más conflictivos de esta normativa, que pasamos a detallar:

1.- Creación de evaluaciones al final de la Educación Primaria y al concluir la Secundaria (ESO)

El anteproyecto incorpora la realización de una prueba de evaluación final realizada por profesorado externo a los centros al terminar la etapa educativa. Se trata de una prueba que debe ser superada para obtener el título de graduado. El Consejo considera que debe replantearse el que el alumnado con tres materias suspensas pueda presentarse a esta evaluación, por no ser un estímulo para el estudio. Tampoco se especifica en el anteproyecto quién va a ejecutar las pruebas de evaluación final. Este órgano aconseja que la norma establezca claramente que debe ser llevado a cabo por los organismos públicos y profesores externos al centro.

2.- Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos ven reducido su poder

El texto del anteproyecto describe como el Consejo escolar quedará relegado a una posición asesora, sin ninguna función. Ya sólo participa en la elección de director en la “mitad del 33%” y desaparecen las funciones de control sobre la aprobación del plan anual. Todo pasa a ser responsabilidad de la dirección. Se diseñan, por tanto, centros autoritarios y absolutamente jerarquizados, en los que el profesorado apenas tiene opciones para intervenir de forma participativa.

3.- La Educación se centraliza y los centros pierden autonomía

La ley reserva todo el poder de controlar el currículo y el proceso de enseñanza de forma centralista. En Primaria, impone a las Comunidades Autónomas la necesidad de hacer una prueba externa en 2º o 3º (alumnos de siete u ocho años), aunque su confección es una potestad de cada gobierno autónomo. Sin embargo, en 6º, ya corresponde al ministerio establecer los criterios y la base del diseño de esta prueba. Sólo deja a las autonomías la realización concreta. Esto supone una imposición de lo que es necesario aprender y cómo, aunque los gobiernos regionales puedan escoger cómo hacer las preguntas. Ya en Secundaria, ESO y Bachillerato, el Gobierno diseña una prueba, establece la forma, controla su evaluación y determina el contenido.

Del mismo modo, el ministerio de Educación establecerá qué materias ocupan hasta el 50% del horario. No ese el único control que ejerce sobre el currículo. También se encarga, por ejemplo, de los criterios de evaluación de las materias específicas. Mientras, quedan fuera de las reválidas las lenguas cooficiales, lo que demuestra la importancia que les otorga.

4.- Las lenguas cooficiales pasan de ser asignaturas troncales a opcionales

El Consejo de Estado comparte la posición del anteproyecto, que atribuye a las Administraciones educativas la competencia para determinar la “proporción razonable” de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas. Ahora bien, por la misma razón y puesto que no existe un “pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano”, la regla de que las administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las Comunidades Autónomas con lengua propia. Opina que debería quedar en el marco de las medidas a adoptar por las administraciones cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular.

5.- Los centros que no cumplan con el rendimiento académico exigido serán penalizados

El Consejo de Estado no tiene nada en contra de promover la calidad en el sistema educativo y a la adopción de medidas para fomentar la especialización curricular, la excelencia, la mejora del rendimiento escolar, así como el impulso a los centros que incentiven las acciones de calidad educativa, sin embargo, puntualiza que no deberá hacerse en detrimento de los objetivos de equidad del sistema educativo. En caso de que la norma se aplicase a rajatabla, los centros que cuenten con mayor número de alumnos con dificultades de aprendizaje perderán recursos.

6.- Se recupera la asignatura de Religión, en sustitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía

Frente a lo previsto por el Ministerio de José Ignacio Wert, el Consejo establece la necesidad de una asignatura obligatoria de formación ético-cívica, que no sea alternativa a la de Religión. Bajo su punto de vista, supone una discriminación para los alumnos que eligen la materia religiosa, ya que de ese modo no podrán cursar ninguna asignatura sobre valores sociales a lo largo de toda su formación.

7.- Privilegios para los colegios concertados

La norma actual establece que “las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes”, mientras que el borrador de la reforma se limita a comprometer “plazas suficientes”, sin entrar a valorar si éstas deben ser públicas o concertadas. José Luís Pazos, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública, considera que la omisión no es inocente. “Si se quisiese garantizar una plaza pública a todos los alumnos, se especificaría como tal. Esta falta de concreción evidencia que la Administración Pública pretende garantizar el derecho a la educación por la vía de la enseñanza privada”, observa.

El otro punto conflictivo del borrador de la reforma tiene que ver con los plazos de renovación de los acuerdos entre el Gobierno y las escuelas privadas subvencionadas. El anteproyecto establece conciertos mínimos de seis años en primaria y cuatro en secundaria, mientras que en la normativa anterior sólo se fijaba un periodo máximo de cuatro años. El hecho de que se fijen mínimos y no máximos, abre la puerta a la renovación automática.

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