Gallardón hereda de su padre la obsesión por el ‘nasciturus’ e inicia su cruzada contra el aborto

El ministro defiende que el peligro sobre la salud de la madre no debe ser un “pretexto”

La reforma incluirá la prohibición del aborto eugenésico por discapacidad del feto

Alianza Popular ya interpuso en los 80 un recurso de inconstitucionalidad a la ley de contracepción

Aurora Muñoz

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, dejó caer un potente globo sonda en uno de los debates que organiza el periódico La Razón: “La Ley del aborto tiene que ser de indicaciones, no de plazos”. Esta sentencia explicita la intención del exalcalde de Madrid de cumplir su promesa electoral de modificar la actual normativa y recoger así el testigo que dejó su padre. José María Ruíz Gallardón ya trató de ganar la batalla contra el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.


En 1985, Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la ley socialista de contracepción, la primera despenalizadora del aborto en España, y el Tribunal Constitucional falló que el nasciturus (sujeto concebido, no nacido) no es titular del derecho fundamental a la vida, pero la sentencia especifica que se trata de “alguien” esencialmente distinto respecto de la madre con la que se relaciona (STC 53/1985, FJ 5). Gallardón desempolva ahora la jurisprudencia para defender esta figura legal al hilo de una pregunta formulada por Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero: “¿Para cuándo habrá una tutela judicial efectiva también para los no nacidos?”. La cuestión le venía como anillo al dedo para hacer un guiño a su clientela conservadora, que venía exigiéndole la derogación de la actual ley desde que fue nombrado titular de Justicia.

Resulta discutible, sin embargo, que ese limbo legal que ampara al feto pueda justificar algunas de las cláusulas que incluiría el sistema que el ministro pretende aplicar. Durante el coloquio, Gallardón señaló que se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto, y el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. “No será una mera declaración, sino una constatación”, dijo.

El Código Civil marca en el artículo 29 el momento en el que comienza la personalidad jurídica, es decir, la atribución de derechos al ser humano. “El nacimiento determina la personalidad”. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno”, concreta la norma. Esto significa que, hasta entonces, el Derecho sólo protege a la madre. “El concepto jurídico de personalidad no puede aplicarse hoy por hoy a un feto. El Gobierno trata de darle una protección al embrión, pero desde luego no puede atribuírsele los mismos derechos que a un ser humano nacido”, defienden fuentes del despacho de abogados Gómez Menchaca, especialistas en Derecho Penal.

Eso no quita que Gallardón pueda encontrar amarres para llevar adelante el proyecto inacabado de su progenitor. “El mismo artículo sostiene que el concebido se tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables, de manera que algunos jueces ya han aprovechado esta apostilla para preservar los derechos del no nacido en pleitos testamentarios”, advierte un letrado de Forseti Abogados, que prefiere no detallar su identidad. En opinión de este experto en Penal, la normativa actual es lo suficientemente contradictoria como para quedar expuesta a la voluntad política de los gobernantes.

Paloma de Castro, responsable de la Asociación Derecho a Ser Madre de Albacete, celebra que esta vez la balanza se incline del lado de los provida. “La antigua ley de supuestos de 1985 reconocía el derecho a abortar en caso de peligro para la salud mental de la madre. Este marco legal condujo a que, en 2009, el número de abortos llegara a 111.000.

Se abortaba con una certificado médico que la misma clínica expedía. Estaba claro que esta ley no suponía un equilibrio entre el derecho a la vida del no nacido y el derecho al bienestar de la madre, pero la ley de 2010 fue más allá. Limitó los plazos pero reconoció el aborto como un derecho cuyo ejercicio no había que justificar, así que ya no era necesario certificado alguno. Nació con la idea de que limitando estos tiempos descenderían los abortos, pero en 2011 se alcanzaron los 118.000. Fue un fracaso”, califica. Para De Castro, Polonia es un ejemplo de que la antigua ley de supuestos era más efectiva que la actual. “El país eslavo copió en 1993 nuestra antigua normativa y la endureció en lo referente a la expedición de los certificados médicos. Estas restricciones sirvieron para que se registrasen alrededor de 600 abortos anuales en un país con 38 millones de habitantes”, cita.

El gerente de la clínica Dator, Diego Fernández, lamenta que los referentes de España en materia legal sean Malta, Irlanda y Polonia. “Estamos ante un retroceso de los derechos de las mujeres que se remonta a 50 años atrás”, espeta a quemarropa. “Al eliminar el sistema de plazos, Gallardón están acabando con el derecho a decidir de las embarazadas e implica que, a partir de ahora, tendrán que excusarse por optar por no querer tener un hijo. No sólo eso. Deja la valoración de esas razones a un tercero, que dependiendo de su ideología o religión, podrá desestimarlas. Este escenario es vergonzosamente parecido a aquellos tiempos paternalistas en los que una mujer necesitaba el permiso de su marido para abrirse una cuenta bancaria”, considera este doctor de la primera clínica acreditada en España para la realización de abortos de alto y bajo riesgo.

“Es incomprensible que este gobierno, que es de todos los españoles, trate de extrapolar su sentimiento religioso al resto de la población y que nos convierta en ciudadanos de tercera. Esta deriva no sólo es injusta, sino también irresponsable”, previene. “No se puede poner puertas al mar. Si las mujeres no pueden someterse a una intervención en un centro público, recurrirán a parteras sin titulación o a fármacos del mercado negro. Eso no las parará”, concluye Fernández.

Un estudio, publicado en la revista médica The Lancet, destaca que la incidencia de abortos inseguros es mucho mayor en los países donde la práctica es ilegal porque esta restricción lleva a las mujeres a recurrir a instancias clandestinas. En América Latina, el 95% de los abortos son inseguros, una proporción que no cambió entre 1995 y 2008, señala el informe y agrega que casi todos los procedimientos seguros tuvieron lugar en Cuba, donde el aborto es legal y las mujeres pueden optar por él con libertad. Según la OMS, hasta 2008, la tasa mundial de abortos era de 28 por cada mil mujeres, una cifra que prácticamente no ha cambiado desde 2003.

Los profesionales de los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo han emitido un comunicado en el que recuerdan al ministro que la salud de cualquier mujer es un derecho fundamental básico, reconocido internacionalmente, y que debe protegerse en cualquier circunstancia. “La ‘excusa’ de un embarazo no deseado, aducida por Gallardón, es calificada por la Asociación de Psiquiatría Americana como de grave estrés psicosocial, llevando aparejadas patologías como: ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo y depresión neurótica”, recoge el documento. ACAI, la asociación que engloba a estos obstetras, se cuestiona si la medida abocará a un aborto clandestino a las menores de 16 y 17 años que no pueden comunicar a sus padres su situación. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se suma a esta proclama. “Las mujeres que tengan recursos podrán abortar; el problema va a ser para las que no se lo puedan pagar”, ha declarado.

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