Los extranjeros que soliciten la nacionalidad española tendrán que superar un test

El examen evaluará su dominio del idioma y el grado de integración en la sociedad

El borrador señala que los cambios buscan acabar con la discrecionalidad del proceso

Aurora Muñoz

“¿En qué consistió la Revolución de 1868?”, “¿podría citar tres escritores de la posguerra española?” y “¿cómo está dividido el Gobierno?” son sólo tres ejemplos de las preguntas que el juez José María Celemín realiza a los inmigrantes que tramitan su solicitud de nacionalidad española en el Registro Civil de Getafe (Madrid). Este test rápido de cultura e historia podría institucionalizarse y pasar a convertirse en un requisito indispensable para obtener la ciudadanía española, según se recoge en el artículo 60 del borrador del anteproyecto de ley de la Reforma Integral de los Registros.

El documento de trabajo prevé una modificación de las condiciones en las que extranjeros que residan en el país obtendrán y perderán la nacionalidad mediante resolución del Ministerio de Justicia. En concreto, el Gobierno planea redactar un examen oficial que permita acreditar “un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de integración en la sociedad española” del solicitante. El texto, sin embargo, no detalla qué conocimientos harán merecedores de la ciudadanía a los extranjeros que se sometan a la prueba.

Algunas páginas web han visto la posibilidad de hacer negocio con la oferta de cursos de preparación para la obtención de la nacionalidad española. La plataforma Testdenacionalidad.es, por ejemplo, ha agrupado las preguntas en distintos cuestionario, según su dificultad. La mayor parte de las preguntas se centran en geografía, historia y principios básicos de la legislación vigente. Sin embargo, el listado también incluye otras más estrafalarias como “¿quién es Belén Esteban?“, “¿sabes qué es Zara?” o “¿conoces el nombre de algún torero?“.

Las estadísticas de esta web no evalúan qué grado de integración demuestra aquel que tenga respuesta para este tipo de cuestiones, pero lo que sí dejan claro es que casi un 60% de los usuarios del servicio suspenden la prueba online. María, una colombiana de 50 años, logró salir airosa de este examen escrito que ya se lleva a cabo de manera oficial en las entrevistas personales que realiza un juez del registro de Fuerteventura. “Lo pasé, pero había muchas preguntas que ni siquiera un español sería capaz de acertar”, reconocía en declaraciones a la Cadena SER.

Una promesa electoral cumplida

El artículo 221 del Reglamento del Registro Civil establece que el juez puede plantear a los solicitantes un cuestionario para comprobar su grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles. La norma no implica que el magistrado esté obligado a optar por este recurso, de manera que sólo unos pocos lo utilizan para evitar casos de fraude o matrimonios de conveniencia. Sin embargo, el Código Civil especifica que la concesión de la nacionalidad está condicionada, entre otras cosas, a que el solicitante acredite “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”.

Mariano Rajoy encontró agarraderas en este punto para plantear un endurecimiento de los requisitos para conseguir la nacionalidad. “La nacionalidad se ha convertido en el punto de llegada del itinerario de muchos inmigrantes en España y requiere el diseño de fórmulas para transmitir lo que supone ser ciudadano español. Requeriremos el conocimiento de los valores fundamentales contemplados en la Constitución que son la base de nuestra sociedad, y el conocimiento suficiente de la lengua, la historia y cultura españolas para obtenerla”, recogía la página 125 del programa electoral con el que concurrió a las generales de 2011.

Dos años después, algunas promesas como el rechazo a la subida de impuestos, se han quedado en agua de borrajas, pero el presidente del Gobierno no ha dudado en solicitar al Ministerio de Justicia que se ponga manos a la obra para sentar las bases de ese examen oficial, que quedará reglado para que se aplique por igual en todos los registros.

El borrador del anteproyecto de ley señala también que el procedimiento de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia requerirá de la intervención del notario, ya que la futura norma delegará en ellos la celebración de los matrimonios y la gestión de los expedientes de nacionalidad. Las notarías estudiarán la documentación aportada y el resultado del test para elevar su propuesta. De este modo, el requisito de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes se acreditará mediante un acta, en la que el funcionario dará fe de que el proceso se ha realizado correctamente.

Eso sí, la concesión o denegación final de la nacionalidad española seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia, previo expediente tramitado por la Oficina del Registro Civil competente. Estos cambios pretenden evitar las “disfunciones” causadas por la anterior regulación, que ha ocasionado “retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los servicios públicos”, según se indica en el documento de trabajo. Lo que no se especifica es que el trámite se encarece, ya que ahora el solicitante tendrá que pagar en la notaría la tarifa establecida.

Un puñado de razones más para perder la nacionalidad

El ministerio que preside Alberto Ruíz-Gallardón se ha apresurado a señalar que el anteproyecto aún está en elaboración y que las características de la prueba están aún sin cerrar. Eso no ha impedido que la Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM) ya haya manifestado su oposición a la propuesta, que considera un nuevo intento de coartar los derechos de los extranjeros. “Se pretende atemorizar a los nacionalizados para que no participen en política o en los movimientos sociales. Las reformas planteadas crearían una segunda categoría legal de españoles, que verán limitados sus derechos civiles por miedo a que el Gobierno de turno vea mal su ejercicio y les retire la nacionalidad de manera discrecional”, valora la asociación mediante un comunicado.

Se refieren, principalmente, a la modificación del artículo 25 del Código Civil, que recoge los motivos de pérdida de la nacionalidad para quienes no son españoles de origen. El borrador incluye nuevas vías para desposeer al ciudadano de ese derecho, como “razones imperativas de orden público, de seguridad o de interés nacional” o cuando se “entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero”. En la actualidad, esto sucede sólo cuando el Gobierno emite una prohibición expresa. Además, se mantienen otros motivos que ya existen para perder esa nacionalidad, como el haberla adquirido mediante fraude, falsificación o simulación de las condiciones o requisitos.

Otros países también examinan a los extranjeros

Desde 2005, el Gobierno británico exige un conocimiento “suficiente” de alguna de sus lenguas oficiales y también de su sociedad a los residentes que solicitan la ciudadanía británica. Este requisito, que viene avalado por el Nationality, Immigration and Asylum Act de noviembre de 2002, se concretó en un examen en inglés sobre temas relacionados con la vida en el Reino Unido, sus instituciones, sus costumbres, etc. Cinco años después de su implantación, la prueba pasó a realizarse también en escocés y galés, además de extenderse como requisito fundamental para la concesión del permiso de residencia ilimitada en el país. Tras superar el examen, aquellos extranjeros a los que se les haya concedido la nacionalidad británica deberán participar en una ‘Ceremonia de Ciudadanía’, que se plantea como un hito en la nueva vida del sujeto.

Otros países como Francia, Australia, Alemania y Canadá también exigen un conocimiento de su lengua para optar a la ciudadanía. Eslovenia plantea una vía alternativa: si el extranjero no puede acreditar un certificado de manejo del esloveno básico, podrá sustituirlo por un diploma que demuestre que ha realizado estudios universitarios o secundarios en el país.

Estados Unidos cambió hace cinco años el proceso para obtener la ciudadanía y estableció criterios muy similares a los que plantea el borrador español. Se incrementó la tarifa del trámite, que hoy cuesta 675 dólares (526,6 euros) y, por otro lado, se diseñó un nuevo examen que requiere un nivel más alto de conocimientos. Estas medidas tuvieron un efecto inmediato: la cantidad de solicitantes disminuyó en más del 50%. La experiencia estadounidense parece haber inspirado la reforma de Rajoy, que nunca ha ocultado su intención de limitar la entrada de inmigrantes en España. “Hay un millón de inmigrantes irregulares y yo no los regularizaría”, declaró en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en 2008. La últimas medidas que se han puesto sobre la mesa parecen limitar sus declaraciones al segmento pobre de los inmigrantes que solicitan la nacionalidad española, ya que hace sólo unos meses, se hizo público que el Gobierno estudia conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros.

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