Médicos del Mundo denuncia la pérdida de calidad de la Sanidad Pública

La ONG ha documentado casos de desatención médica a menores inmigrantes

La falta de financiación pública de ciertos fármacos contribuye al abandono de los tratamientos

Aurora Muñoz

“Nadie va a quedar desatendido”, proclamaba la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando se anunció la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, en septiembre del pasado año. Y así debió haber sido, ya que los Pactos de Toledo introdujeron en 1995 la separación definitiva entre la financiación de la sanidad pública y el sistema de Seguridad Social, lo que conllevo la universalización de las prestaciones sanitarias, tal y como se recoge en el artículo 3 de la ley 16/2003.

Sin embargo, la reforma sanitaria que ha introducido el departamento que encabeza Mato ha expropiado el derecho a recibir asistencia médica fuera de las urgencias a más de 200.000 personas, al menos, hasta el 1 de enero de este año, según las estimaciones de la Seguridad Social.

Entre ellos figuran 90.000 parados de larga duración que ya habían agotado la prestación o el subsidio por desempleo. “Hasta el 31 de agosto estuvo en vigor el sistema de reconocimiento anterior al RD 1192/2012. Entonces, la normativa obligaba a este colectivo a declararse sin recursos o beneficiarios de la póliza de un familiar para mantener la asistencia sanitaria. Estas alternativas dejaban fuera a muchos españoles y se ha introducido una nueva modificación que regula todas las situaciones”, explican fuentes del Ministerio. “Lo único que tienen que hacer los desempleados que fueron dados de baja en el sistema es acudir a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social para solicitar su readmisión”, añaden.

Este sencillo trámite parece no serlo tanto en la práctica. José Manuel Martín, de 40 años, lleva ya un año y medio en Madrid. Llegó a la capital en busca de una oportunidad laboral y la encontró. Ahora trabaja de vigilante de seguridad en un centro comercial. El mercado laboral ha resultado más sencillo que lidiar con el Sistema de Salud de la comunidad que preside Ignacio González. “He hecho todos los trámites. Me he empadronado, solicité mi tarjeta y todavía estoy esperando. La primera vez que lo intenté, estaba en paro y me dijeron que no me correspondía. Ahora simplemente me dan largas. Dicen que ya me llegará a casa”, protesta. Martín está cansado de reclamar, así que ha decidido rendirse y, cada vez que necesita atención médica, se desplaza a Urgencias.

“Este tipo de atajos acabará siendo contraproducente para las arcas de Sanidad”, previene Celia Zafra, una portavoz de Médicos del Mundo. “El servicio de urgencias es más caro que la atención primaria. Cuando una persona tiene una bronquitis o un asma crónico y no va a su médico de cabecera, acaba en Urgencias, donde tendrán que ponerle bombonas de oxígeno para paliar esa insuficiencia respiratoria. Todas esas pruebas y los aparatos que necesitará allí salen mucho menos económicos para el sistema que la inversión en tratamientos preventivos”, especifica.

Esta ONG denuncia la situación insostenible en la que se encuentran 153.000 inmigrantes sin residencia legal en España. “Hasta este año, este colectivo sólo tenía que probar la residencia efectiva en España a través del registro en el padrón municipal, como único requisito para acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones que los nacionales. Ahora, con la crisis como excusa, el gobierno ha pasado  del universalismo al aseguramiento.

Este cambio de modelo sanitario obliga a las personas en situación irregular a la suscripción de convenios especiales para poder ser atendidos en el sistema público de salud”, expone Zafra. La portavoz de Médicos del Mundo señala que estos acuerdos son similares a la contratación de seguros privados, y que, como ellos, no incluyen la medicación. “Implican una aportación de 710 euros anuales para personas menores de 65 años y 1.800 para las mayores de esta edad. Eso quiere decir que quien más necesita, más paga, lo que rompe la base del Estado de bienestar en favor de criterios mercantilistas”, añade.

Graciela es una de las víctimas de esta nueva gestión sanitaria. Es argentina de nacimiento y, aunque lleva más de siete años trabajando en España, nunca consiguió un contrato legal. Actualmente se encuentra en cuidados paliativos por un cáncer de mama que está metastatizando sus pulmones. “Mi enfermedad no lleva los tiempos de las políticas sanitarias de este país. Sigue su curso”, dice indignada. Desde hace unos meses, con la pérdida de la tarjeta sanitaria, tiene que afrontar la totalidad de los gastos de su tratamiento para paliar el dolor. Los 60 euros en fármacos que pagaba hace un año se han convertido en más de 1.600. “Este incremento me supone tener que elegir entre comer o seguir medicándome”, reconoce.

Los sin papeles no son el único segmento de la población al que se le atragantan las facturas en la farmacia, sobre todo desde que, a mediados de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicó una lista de fármacos que dejan de ser financiados. Este directorio incluye Almax (antiácido), Duphalac (laxante) y Mucosan (jarabe para la tos), productos populares que están marcados a bajo precio. Eso no impide que algunos pacientes encuentren dificultades para adquirirlos. “Una de mis clientas se somete a diálisis diaria y eso le provoca unas diarreas tremendas. Su tratamiento incluía cuatro cápsulas diarias de Fortasec, pero dejó de tomárselo cuando salió de la financiación pública. Como no podía pagarlo, su salud empeoró y el médico tuvo que optar por recetarle un morfiniano que, en dosis bajas, produce estreñimiento. Es diez veces más caro que el antidiarreico, pero está subvencionado por la Seguridad Social”, cuenta Lola Murillo, vocal de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y titular de una farmacia sevillana. “El sistema vigente castiga económicamente a las personas por estar enfermas. Nos estamos deshumanizando por completo”, lamenta.

Médicos del Mundo ha zonificado el proceso de descomposición de la Sanidad Pública con un mapa-semáforo. Este atlas colorea las distintas comunidades autónomas según su aplicación del Real Decreto-ley 16/2012. “La transferencia de competencias sanitarias ha ocasionado que un paciente reciba una atención médica diferente dependiendo de donde esté empadronado. Madrid, Baleares y Castilla La-Mancha aplican la nueva normativa a rajatabla, mientras que País Vasco o Andalucía se han negado a implementarlo”, evidencia Zafra.

La situación ha generado confusión. “La inmensa mayoría de los facultativos se oponen a las nuevas medidas, pero a veces no saben ni qué es lo que deben hacer. La Administración no ha sido ni unánime ni clara a la hora de comunicarles el nuevo protocolo de actuación. Algunos han recibido una simple circular por correo electrónico, a otros se les ha reunido en su centro de trabajo para responder dudas y hay quien se ha quedado sin ningún tipo de orientación. Esto está desembocando en casos graves de desatención a colectivos que deberían tener garantizada su cobertura, como son los enfermos crónicos o infectocontagiosos”, advierte esta doctora.

La Ley de Extranjería detalla que los menores y las embarazadas seguirán teniendo cobertura completa, sea cuál sea su condición legal. Eso no ha evitado que la ONG haya documentado casos de menores a los que se les ha denegado la atención primaria en Navarra y Castilla-La Mancha. Esta última comunidad también ha aplicado la tijera a los horarios de 21 de los 182 Puntos de Atención Continuada (PAC) de su geografía, dejando sin urgencias nocturnas a varios pueblos. Ahora, más de 50 localidades comparten el servicio de 22.00 a 8.00 horas.

Ayllón (nordeste de Segovia) es uno de los pueblos afectados. “Nos hemos quedado sin cobertura nocturna. Eso supone que, si algo pasa, hay que salir corriendo al centro más cercano, que está a 25 kilómetros, en Riaza. Allí atiende un sólo facultativo que tiene que cubrir las urgencias de 6.000 habitantes”, cuenta Sonia Castro, portavoz de la Plataforma contra la Degradación Sanitaria en el Medio Rural.

Ella fue una de las vecinas que se encerró hace 25 años en la consejería de la capital de provincia para que se instalase un consultorio médico en la localidad. “La situación de inseguridad y desprotección en la que quedan los habitantes del medio rural se ha agravado con la supresión de uno de los helicópteros de emergencias de Castilla y León. Boceguillas nos ha quitado el de Valladolid, de manera que sólo nos quedan las unidades de Astorga, Salamanca y Burgos”, añade Gema, de la Plataforma Salud 24h. “Sanidad debería tomar conciencia de que estas medidas de austeridad ocasionarán muertes a medio plazo. No se puede poner precio a la vida”, concluye la portavoz de Médicos del Mundo.

Fuente: http://www.zoomnews.es/37015/actualidad/sociedad/medicos-del-mundo-denuncia-perdida-calidad-sanidad-publica

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