Mayor Zaragoza: "Hace falta una limpia. Las mayorías absolutas frenan la depuración del sistema"

El exdirector general de la UNESCO advierte que los recortes hipotecarán el futuro del país

Reclama que la sanidad, la educación y la ciencia se mantengan como cuestiones supra-partido

Se muestra contrario al “derecho a decidir” de las comunidades mientras mantengan privilegios

Aurora Muñoz

La respuesta está en la Constitución. Al menos, eso repite de forma incansable Federico Mayor Zaragoza. El exdirector general de la UNESCO está convencido de que el engranaje democrático sólo necesita una puesta a punto. Eso sí, admite que la reparación no puede esperar. “Hay que dar un golpe sobre la mesa y exigir que termine este abuso de poder”, defiende.

Mayor Zaragoza asegura que el expolio social que la crisis ha traído aparejado tiene sus raíces en la desprotección de la Carta Magna y, para demostrarlo, utiliza un símil histórico. “Poco tiempo después de la aprobación de la Constitución de 1812, el Rey Fernando VII volvió a restaurar el absolutismo y con él, muchos de los triunfos sociales quedaron sepultados. Algo parecido sucedió a partir de los 80. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU ha sido sustituida por el poder ostentado en manos de unos pocos. El G-6, el G-8 y ahora el G-20 han acabado con el protagonismo de los pueblos”, expone.

“Si reducimos la óptica, podríamos decir que en España está pasando algo parecido. Las mayorías absolutas están imponiendo leyes de rodillo que desvirtúan la democracia. La ciudadanía se ha quedado sin alternativas y eso tiene que terminar”. Con esa sentencia, el exdiputado se abandona al recuerdo de un viejo amigo, Stéphane Hessel. Ambos se conocieron en una época de libertades y conquistas sociales pero, a sus 79 años, Mayor Zaragoza ha aprendido que la lucha nunca termina.


La Declaración de los Derechos Humanos se queda huérfana con la muerte de Hessel. ¿Quién retomará su defensa?

Probablemente nadie. Hay personalidades que se ausentan, pero nunca mueren. Ese es el caso de Stéphane Hessel. Ha dejado su vida como legado. Recuerdo cuando, el 10 de diciembre de 2008, recitaba de memoria en el Trocadero de París el preámbulo de la Declaración. “Si no se pueden ejercer sus derechos, los seres humanos pueden verse compelidos a la rebelión”, proclama entonces, justo 60 años después de que se redactara el texto.

Fue un soplo de aire fresco para mí contemplar que, a pesar de su avanzada edad, conservaba la misma valentía intrépida y la insumisión temperamental de los años en los que contribuyó a redactar esas líneas. “¡Fuera el miedo!”, pregonaba desde el corazón de París. Las nuevas generaciones deben quedarse con ese grito. Ha llegado el momento de dejar de mantenernos silentes y decir “no”. La Declaración de los Derechos Humanos contiene las armas para liberarnos y estos hombres, esos que ya no están, sudaron para que se ratificasen. Les debemos nuestro compromiso.

El movimiento 15-M recogió el testigo. Los jóvenes se confiesan indignados y han salido a la calle para manifestarlo pero, ¿cree que serán capaces de articular ese cambio que usted reclama?

Es una reivindicación conjunta. Considero que la nueva generación tiene mucha fuerza. Tengo fe en que se planten y recuperen esa sinfonía inacabada que es la Constitución Española. La Carta Magna no sólo deberá ponerse al día serenamente, sin el acoso de los mercados, sino que debe aparecer como solución. Necesitamos un texto en el que quepan todos los españoles, con una gran capacidad de autogobierno y unos principios comunes bien establecidos y generalmente aceptados.

Eso, no es lo que tenemos ahora. Parece que la ciudadanía ha olvidado las circunstancias que rodearon la redacción del capítulo 8º, dedicado a la estructuración del Estado en Comunidades Autónomas. No tiene sentido hablar del “derecho a decidir” cuando algunas comunidades como Navarra o el País Vasco conservan privilegios “históricos” que se han negado al resto. Los “padres de la Constitución” hicieron un auténtico encaje de bolillos para hacer efectiva la transición a un sistema democrático y, aunque su esfuerzo es encomiable, tuvieron que hacer concesiones.

Ahora mismo, las nuevas tecnologías permiten movilizar a las masas y recopilar en poco tiempo un millón y medio de firmas para respaldar una iniciativa legislativa popular (ILP), como han demostrado las plataformas antidesahucios. Se puede. Podemos cambiar el sistema y el camino lo marca la Constitución.

Justo estos días, 200 universitarios se han reunido en Sevilla para ocupar su escaño en una simulación del Congreso de los Diputados y plantear desde allí un debate sobre la reforma de la Carta Magna. ¿Podría reproducirse en la auténtica Cámara Baja?

A nadie se le escapa que estamos en un momento en el que la corrupción ha copado las cúpulas políticas y que las mayorías absolutas están frenando la depuración del sistema. Mientras esta situación se mantenga, el debate es imposible. No quiero decir con esto que las instituciones no funcionen. El sistema está bien pensado. No necesitamos reinventarlo, sólo utilizar correctamente la separación de poderes como método de control. Si tuviésemos una justicia rápida y efectiva, las cosas cambiarían radicalmente. Los que tienen las manos manchadas son unos pocos y están marcados. Hace falta una limpia. Hay parlamentarios que hacen su trabajo, que elevan la voz del pueblo, pero sus propuestas no saldrán adelante.

La Cámara se ha visto superada por cuestiones ajenas a su propia identidad. Desde el momento en el que un partido se asienta como fuerza absolutamente dominante, se desvirtúa. Se instaura su ley y dejan de representarnos. Una democracia real no consiste en que los ciudadanos sean contados en las urnas, sino ser tenidos en cuenta por el poder constantemente. Por lo tanto, el siguiente paso para propiciar el cambio sería introducir una reforma de la normativa electoral.

Sin embargo, los cambios legislativos son delicados. La reforma laboral es un ejemplo de que pueden acabar en desembocando en un expolio de derechos sociales. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

La voluntad política es importante. Lamentablemente, los cambios que se han ido materializando desde que comenzó la crisis son un disparate, empezando por los recortes. Me considero un hombre de ciencia y, a lo largo de toda mi trayectoria, he procurado mantenerme apegado a este sector. Por esta razón puedo decir que disminuir el número de científicos, educadores y sanitarios es ensombrecer el futuro. Es un error gravísimo. Va en contra del discurso invariable de que la creación de empleo depende del conocimiento, de la competitividad y de la capacidad de la ciudadanía para iniciar una nueva época. Lo mismo sucede con la educación. Es inconcebible que nos impongan leyes que van en contra del bienestar social más básico.

El Gobierno está aplicando una lógica mercantil a la formación integral de los jóvenes, anteponiendo las necesidades de los mercados a los pilares que se han construido durante años y las consecuencias no se harán de rogar. Es natural que la gente esté perpleja. El Ejecutivo no cumple sus promesas, les acusa de vivir por encima de sus posibilidades mientras contribuye a alimentar la especulación. Llegados a ese punto, la indignación es nuestra mejor arma. No hay que rendirse. La alternativa para evitar que se produzcan altercados violentos es apoyar el asociacionismo. Debemos agruparnos en plataformas sociales y exigir coherencia.

Pero la deuda existe y hay que atajarla. ¿Dónde propone que se meta la tijera?

Es incomprensible que por unos centenares de miles de euros de ahorro se disminuya la I+D, los servicios de dependencia o los profesores universitarios. ¿Qué ha pasado con los más de 300.000 millones de euros que las instituciones bancarias han consumido en la barra del Banco Central europeo (BCE)? ¿Dónde han ido a parar los miles de millones de los agujeros bancarios?

En cualquier caso, necesitamos un proyecto de futuro que nos dé fuerzas para sobrellevar el chaparrón. Hay que cambiar de modelo productivo para no recaer en las pautas que han conducido a las burbujas, a la deslocalización y a las exageradas inversiones en seguridad. La estabilidad de un país depende en buena medida de la facultad “restablecedora de equilibrio” que sustentan las clases medias. Es preocupante que el empeño de reducir obcecadamente el déficit, ponga en peligro este punto. Stiglitz y Krugman llevan tiempo advirtiendo de que no habrá crecimiento si la estrategia se centra exclusivamente en los recortes. Al margen de esta teoría, de todo el desbarre económico que se está produciendo, no se puede perder el norte. La sanidad, la educación y la ciencia deberían ser intocables. Su protección tiene que ser una cuestión supra-partido.

Fuente: http://www.zoomnews.es/actualidad/espana/discurso-indignado-mayor-zaragoza-incluye-limpia-las-instituciones-democraticas

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