A clase con 39 de fiebre

La Generalitat valenciana anuncia controles más severos del absentismo del profesorado

Las bajas laborales han experimentado un descenso del 14% con respecto al año anterior

Aurora Muñoz

“Llevo 25 años dando clase como funcionario de carrera. He estado recibiendo directamente las toses de mis alumnos durante el pasado mes (esto va incluido en el sueldo). Al final me ha tocado. Me he contagiado. Llevo una semana dando clase con fiebre de 38,5 grados. Desgraciadamente, he podido transmitir mi gripe al menos a 15 o 20 personas, entre estudiantes y profesores (…) Quiero desde aquí dar las gracias más sinceras a las personas responsables de la ley que nos castiga a los funcionarios pícaros (que supone que somos todos), pagándonos la mitad por ponernos enfermos. Es una lástima que estos días mis hijos no coman la mitad”, reza una carta al director dirigida al Periódico de Aragón por Fernando de la Cueva, un profesor de matemáticas del Instituto de Enseñanza Secundaria Parque de Goya, en Zaragoza. Esta misiva, publicada el 19 de febrero, pone sobre la mesa la situación a la que se enfrentan los profesores de centros públicos desde que se aprobó el decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.


La norma (RD Ley 20/2012) establece que los funcionarios que se ausenten de su puesto de trabajo por enfermedad no profesional o accidente no laboral percibirán, durante los tres primeros días, la mitad de las retribuciones correspondientes al mes anterior. De la cuarta a la vigésimo primera jornada de ausencia se recibe el 75% del salario, y a partir del vigésimo segundo se tendrá derecho al cobro del total de las retribuciones, a excepción de los complementos de carácter variable o aquellos sujetos al ejercicio de una actividad concreta. Eso supone que una docente con un embarazo de riesgo puede llegar a perder alrededor de 500 euros en 20 días de baja. Una ausencia menos prolongada, como una gripe, supone una pérdida salarial por encima de 110 euros, según los datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

Los docentes no están dispuestos a claudicar sin ejercer su derecho al pataleo. La directiva del Instituto de Enseñanza Secundaria Camas (Sevilla) ha decidido instalar una camilla junto al botiquín de la sala de profesores. “Nos abocan a elegir entre quedarnos en casa y tener dificultades para pagar la hipoteca o ir al instituto con una gripe y 40 de fiebre”, manifiesta Vicente Martín, uno de los profesores del centro. Asegura que todo el claustro ejercerá de enfermero cuando un compañero caiga enfermo y, para demostrarlo, han elaborado un cuadrante con los turnos de acompañamiento. “Iremos a recogerlo a su casa, para evitar problemas por conducir enfermo, y lo cuidaremos en la sala que hemos habilitado hasta la hora de volver a casa”, añade. Así el afectado acudirá al centro y no perderá dinero.

“Esta nueva mengua de nuestros salarios se une al paquete de recortes decretados desde 2010 hasta 2013 por los Gobiernos Estatal y Autonómico, que suponen una pérdida acumulada de poder adquisitivo sin precedentes. Por si no fuera suficiente, esta medida lanza sobre la sociedad el mensaje perverso de que los empleados públicos nos damos de baja sin motivos, contribuyendo aún más al desprestigio que tratan de difundir a toda costa colectivos interesados”, desliza Diego Molina, coordinador del área pública de Comisiones Obreras (CC OO) de Granada. Según el informe Enfermedades Profesionales Septiembre 2012, elaborado por UGT con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las bajas laborales han experimentado un descenso del 14% con respecto al año anterior. Las cosas se están poniendo difíciles.

La nómina de los empleados públicos comenzó a adelgazar con el gobierno de Zapatero. En junio de 2010 se redujeron las mensualidades y las extras, lo que conllevó un recorte permanente anual entre el 5,7% y el 7,4% de las retribuciones, según grupo de pertenencia y número de trienios. El siguiente paso fue la pérdida total de la paga extra y adicional de diciembre de 2012, decretada por el actual Ejecutivo. Este tijeretazo se traduce en la pérdida puntual de entre el 5,9% y el 6,3%, pero ahí no acaba la bajada. A estos recortes hay que añadir una pérdida salarial del 6,9%, correspondiente a las variaciones del IPC desde 2010 hasta el septiembre de 2012.

C.C., profesora de una universidad madrileña, ha experimentado en sus propias carnes el adelgazamiento de su nómina en los últimos meses: “He estado de baja desde octubre a febrero y me han aplicado a rajatabla la normativa. Así que, si hay más recortes y te pones enfermo, habrá que pagar por estarlo”, comenta molesta.

Francisco Javier Gómez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, resta importancia a esta paulatina reducción en las nóminas de los funcionarios. “En realidad, la situación en el sector privado no es muy distinta. Para la mayoría de los trabajadores, el poder tener un complemento sobre el subsidio de incapacidad temporal depende de que así se pacte en convenio colectivo y sobra decir que, en estos tiempos de crisis, estos complementos también pasan vacas flacas. Las empresas en dificultades pueden descolgarse de las llamadas ‘mejoras voluntarias’, como son estos complementos”, aclara Gómez. “Esta disposición no es más que otra manifestación de una política legislativa que acostumbra tratar peor las bajas de corta duración frente a las largas, y las bajas por enfermedad común frente a las bajas por contingencias profesionales”, resume.

A Francisco Alba, licenciado en medicina y maestro adscrito a secundaria, le parece una perspectiva limitada. “Ciertamente, en la esfera privada y, salvo acuerdos privados, dejas de cobrar aproximadamente un tercio de tus emolumentos de esos tres días. Esto es así porque corresponde al empleador pagar el salario de esas jornadas, y no a la Seguridad Social. Pero lo cierto es que personal funcionario está sometido al denominado régimen estatutario. No nos es de aplicación el mismo régimen jurídico que a cualquier trabajador de la empresa privada. Nuestro trabajo es una función pública y estamos investidos de una responsabilidad extra”, especifica. “Ese consuelo de que no es para tanto porque iguala a la baja tiene un cierto cariz cainita. En cualquier caso, flaco favor nos hace a todos que se presione a los compañeros para trabajar enfermos para salvar las cuentas de su economía familiar. El reposo se asocia a la curación y no se podrá volver a hablar de Estado del Bienestar hasta que eso se restituya”, sostiene.

‘Síndrome del quemado’

Algunos gobiernos regionales ya habían ido abonando el terreno. La Consellería de Educación de Valencia anunciaba al arranque del curso escolar que, en ese mismo mes, más de un millar de docentes en la Comunitat ya se han cogido la baja laboral. Los principales motivos de dicho absentismo laboral en las aulas responde a enfermedades de carácter respiratorio, seguidas de dolencias musculares, osteomusculares y traumatismos. También ocupan un lugar destacado las patologías mentales, como la depresión, el estrés, la ansiedad o la fatiga mental, conocida como síndrome del quemado.

Las razones no han amilanado a Educación, que anunció un mayor control en las bajas del profesorado reincidente. “Se sustituirán los controles a posteriori para realizarlos antes y de manera más exhaustiva” indicó un portavoz de la consellería a la Información.es. Eso significa que, de materializarse el cambio, cuando un profesor tenga una enfermedad que le vaya a apartar más de quince días del puesto, tendrá que someterse a una revisión por parte de unidades facultativa contratadas por la Generalitat. Éstas comprobarán que el parte está correctamente expedido por el médico e incluirán su propia estimación de la duración de la baja.

“Este real decreto está pensado para reducir las ausencias por motivos médicos. Son las más difíciles de controlar y hay que reconocer que una base reguladora que cubra el 100% del salario durante la baja puede fomentar el absentismo”, puntualiza Federico Durán, coordinador nacional del área laboral del despacho de abogados Garrigues.

Javier Derrac, del departamento jurídico de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (A.P.I.A.), se opone a este tipo de generalizaciones. “La medida es injusta por lo indiscriminada y por atentar contra el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución Española, ya que termina penalizando a los funcionarios de mayor edad, mucho más propensos a sufrir enfermedades de larga duración”, denuncia.

“La consecuencia directa es que muchos funcionarios están acudiendo enfermos a su trabajo, a pesar de que eso vulnera flagrantemente preceptos básicos como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a las administraciones públicas a disponer las medidas necesarias para evitar contagios de enfermedades en el centro de trabajo. En nuestro caso, además, que trabajamos en contacto con un número elevado de individuos, el hecho en sí es sanitariamente desaconsejable”, añade. “El caso del profesor con gripe que acude a clase es muy completo. Imagine ahora que ese profesor con gripe es mayor de 55 años y diabético. Su deterioro natural puede verse reforzado tras superar la enfermedad en esas condiciones y su rendimiento futuro menoscabado. Por si fuese poco, ahora le piden que se jubile a los 67. ¿Eso es rentable o un problema de prioridades?”, se pregunta Alba.

Fuente: http://www.zoomnews.es/actualidad/sociedad/docentes-trabajar-enfermos-baja-recortes-salarial

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