Los otros Bárcenas

Guerrero tiró de la manta para no caer sólo en el caso de los ERE irregulares en Andalucía

La exmujer de Julián Muñoz aireó por los platós de televisión bolsas de basura con dinero negro

José Luís Peñas fraguó un plan para garantizarse su libertad a cambio de destapar el caso Gürtel

AURORA MUÑOZ / ALICIA RODRÍGUEZ

El actual president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se apresuró a bajar las espadas en alto en cuanto el caso Gürtel se puso complicado. “Nadie quiere situaciones incómodas en el Partido Popular, como en ninguna familia”, dijo en una entrevista para Europa Press. José Luis Peñas, entonces concejal del PP de Majadahonda, no debía pensar lo mismo y decidió iniciar la espantada.

Su acercamiento al núcleo de la corrupción le permitió obtener numerosas pruebas que aportó ante la justicia. Denunció el caso y, a pesar de ser uno de los primeros imputados por aceptar pagos de la trama, hoy está en libertad. El precio a pagar fue su vinculación al partido. El PP lo expulsó en el año 2005, fue obligado a ejercer su cargo como concejal no adscrito e incluso se le negó de forma reiterada el derecho al voto en el consistorio. Aquel castigo contenía un mensaje para futuros traidores, pero Luís Bárcenas parece no haberlo recogido.


El extesorero del partido tiene en vilo a las cúpulas desde que sus cuentas en Suiza salieron a la luz. El hombre encargado de custodiar la caja del PP durante casi 20 años ha recibido del partido 200.000 euros anuales en 2011 y 2012 para garantizar su silencio, según han relatado miembros de la formación política al diario El País. Eso no ha impedido que las polémicas 14 hojas manuscritas se hayan colado en la redacción del periódico que dirige Javier Moreno.

Pocos saben como han llegado allí, pero se apunta a que la garganta profunda pudo ser su amigo y exdiputado Jorge Trías. Al fin y al cabo, el abogado no deja de ser otro eslabón débil en la cadena del PP. Se ofreció como defensor de Bárcenas en el caso Gürtel a cambio de una minuta de 50.000 y 60.000 euros. El partido se negó. Años después, llega el momento de su venganza.

El Confidencial sostiene que estas pasadas Navidades se produce una reunión en la estación de esquí de Baqueira Beret a la que acuden el extesorero, Trías y un periodista de El País, cuyo nombre no ha trascendido. Lo que queda sobre la mesa son las declaraciones del exdiputado ante la Fiscalía Anticorrupción. Allí ha reconocido que conocía las copias publicadas desde hacía años. Se las enseñó el propio Bárcenas. El extesorero lo tiene cubriendo sus espaldas, pero por si el cazador se viese cazado, ha blindado ante notario su futuro con una decena de cajas con información reservada. Un aviso por si su libertad se ve amenazada.

Secretos de alcoba

Algo así hizo Mayte Zaldívar, pero por despecho. La exmujer del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, lo dejó al pie de los caballos cuando trascendió su relación sentimental con la tonadillera Isabel Pantoja. Aquella exposición de su vida privada le arrancó una andanada furiosa que la condujo a proclamar por los platós de televisión que el político del Grupo Independiente Liberal (GIL) llevaba a casa dinero en bolsas de basura que justificaba como procedentes de comisiones por obras. No reparó en que aquel gesto podía costarle una acusación por delito continuado de blanqueo en el juicio por el caso Malaya. Ante el riesgo de verse entre rejas, se desdijo ante el juez. Pero la caña estaba echada.

La primera que se plantó frente a su expareja con un puñado de pruebas fue Ángeles López Rubio, que destapó el caso  Juan Guerra. El hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que constaba oficialmente como un empleado del PSOE con un sueldo de 129.370 pesetas mensuales (777,53 euros), quedó retratado e imputado por delito fiscal, tráfico de influencias y por el uso indebido de un despacho en la delegación del Gobierno en Andalucía, después de que López Rubio, harta de las palizas de su marido (según consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) iniciara su cruzada.

La versión más actualizada de este clásico, la encarna María Victoria Álvarez Martín, que mantuvo una relación sentimental durante cinco años con el hijo mayor de Jordi Pujol. La trama de corrupción que afecta a los dirigentes de CiU y a la familia del expresidente de la Generalitat anotó hace unos días la confesión espontánea de esta exnovia, que acusa al primogénito de la saga de llevar bolsas con billetes de 500 euros en el maletero de su coche para depositarlas en la Banca Mora, de Andorra.

Soplos que comprometen a los socialistas

La formación de Rubalcaba tampoco se ha librado de sentir el pánico cuando un espontáneo ha decidido dar rienda suelta a su rencor contra el partido y algunos de sus dirigentes. Entre las novedades relacionadas con Bárcenas y las nuevas informaciones del caso Nóos parece camuflarse un viejo conocido del PSOE, el caso de los ERE irregulares de Andalucía.

Sin embargo, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta y el principal imputado por la justicia en el caso, no está dispuesto a dejar que el asunto se diluya entre escándalos y corruptelas. La comisión de investigación aprobaba hace tres meses un dictamen que fijaba la responsabilidad única de los ERE falsos en Guerrero, eximiendo a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Poco tiempo le llevó al exdirector general de Trabajo decidir que no caería solo y romper su silencio.

“El PSOE y la Junta de Andalucía han buscado un chivo expiatorio a quien cargar con todas las culpas, el mismo al que durante nueve años le han estado dando palmaditas en la espalda y aplaudiendo sus actuaciones”, declaraba Guerrero en una entrevista en Giralda Televisión a mediados de diciembre. “No es que tenga la impresión de que me han dejado solo, es que lo estoy viviendo en mis carnes, parece que estaba yo solo en la Junta”, se lamentaba el imputado poco antes de pasar al ataque con una amenaza explicita: “Mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo y lo administro como yo quiero. Lo que sé y lo que no sé lo iré administrando como me vaya conviniendo”.

El caso de los ERE parece no haber tocado fondo, como tampoco lo ha hecho el caso Campeón. El empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo se convirtió en la mayor pesadilla de los socialistas desde el momento en el que decidió ‘tirar de la manta’. El industrial se autoinculpó de haber pagado a José Blanco, entonces portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, 400.000 euros con el fin de agilizar unos permisos para su empresa, Laboratorios Nupel. Las empresas Proitec y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad de un primo político del ministro, sirvieron como tapadera para cobrar los supuestos sobornos.

El Partido Socialista ha asegurado en todo momento que se trata de una “estratagema” de Dorribo y el ex vicesecretario ha negado siempre tajantemente las acusaciones, aunque reconoce que los encuentros con el lucense existieron, pero nunca cedió a sus ilícitas peticiones.

Las amenzas a Zarzuela

Las declaraciones de Diego Torres, el antiguo socio de Urdangarin, están haciendo tambalearse a la misma Corona. El caso Nóos salió a la luz en noviembre de 2011 y con el avance de las investigaciones y las píldoras envenenadas que ha sido soltando Torres en los juzgados de Palma de Mallorca, el yerno del rey ha ido cobrando protagonismo en la trama de desvío de fondos públicos.

El nombre de Diego Torres ya apareció antes en el caso Palma Arena, pero la fama mediática le llegó con el Instituto Nóos. Iñaki Urdangarin aseguró en su primera declaración que su socio era el artífice del montaje de sociedades instrumentales que se llevó a cabo para sacar el dinero a distintas administraciones públicas a través de un instituto “sin ánimo de lucro”. Incluso el marido de la infanta Cristina llegó a asegurar que su socio “le robaba”. Con estas declaraciones, la guerra quedaba abierta y el antiguo profesor del duque de Palma filtró la primera tanda de correos que implicaba a la Casa Real.

En mayo, después de haber sacado a la luz 200 emails comprometedores, el abogado de Urdangarin aseguró que el letrado que representa a Torres le había exigido 10 millones de euros para no seguir hablando de la Corona. Hoy, el entorno del exsocio del yerno de don Juan Carlos insiste en que guarda unos 170 correos que demostrarían la implicación de la infanta. Son su coraza ante lo que se avecina en los tribunales.

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