Ante las acusaciones de corrupción, recurra usted a la teoría de la conspiración

CiU recupera la estrategia del ‘caso Banca Catalana’ para las escuchas de Método3

Cospedal considera que las informaciones sobre el caso de Bárcenas buscan la caída de Rajoy

Mario Conde defiende su inocencia y apunta a Felipe González como responsable de su suerte

Aurora Muñoz
Ya lo dijo al periodista Arthur Goldwag. “Cuando algo importante sucede, todo lo que tenga una relación con ello parece trascendental también. El detalle más trivial parece adquirir significado”, explica en su libro Cults, Conspiracies, and Secret Societies (Las sectas, conspiraciones y sociedades secretas). “La gente se inclina a confirmar sus propios prejuicios. Si las autoridades les proporcionan esos argumentos combinados con la llamada percepción retrospectiva, la teoría conspirativa está servida”, expone.
Los partidos políticos parecen haberse grabado a fuego este mensaje y recurren a él de forma insistente cuando toca salir del apuro. Las teorías de la conspiración han sustituido al análisis institucional en aquellas ocasiones en las que el argumentario racional se agotaba frente a los hechos. Uno de los ejemplos más recientes tiene como escenario la Generalitat catalana.

Artur Mas ha elaborando una estrategia escapista a la hora de referirse a los informes fantasmas elaborados por Método 3 para el Tripartito. Tanto el presidente catalán, como el conseller de Interior, Francesc Homs, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, han construido un consenso manufacturado que sostiene que la trama de las escuchas esconde una conspiración para hacer naufragar el proceso soberanista catalán. Sin más argumentación.

Este débil castillo de naipes supone un respiro para Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya (CiU) que se ha visto cercada en los últimos meses por las corruptelas. Oriol Pujol, secretario general de CDC, está siendo investigado por la trama de concesión irregular de estaciones de ITV, pero no es el único proceso espinoso que tendrá que manejar el partido. Este año se abrirá el juicio por el caso Palau de la Música, que investiga la presunta financiación irregular de CiU a través de esta entidad. Esto coincide en el tiempo con el escándalo de corrupción con epicentro en Lloret de Mar, en el que la justicia investiga la presunta implicación del diputado de CiU y exalcalde de la población, Xavier Crespo, con la mafia rusa. Demasiados frentes abiertos.

El exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se muestra escéptico ante las ofendidas proclamas que han dictado los implicados. La aparición del borrador policial que salpica a las familias de Artur Mas y Jordi Pujol en corruptelas ha traído a su memoria el caso Banca Catalana. En los años 80, el entonces presidente de la Generalitat protagonizó el camino al desastre de esta entidad que impulsó para que sirviera de base a una expansión industrial y económica de la región. Cuando las cuentas dejaron de cuadrar, Pujol se dirigió a los medios para colocar una cortina de humo. Sostenía con firmeza que la justicia atacaba a Cataluña y sus instituciones. Parte de su electorado confió en la palabra del mandatario… hasta que una sentencia se encargó de desmentirlo. Al parecer, la historia se repite una y otra vez. En el Partido Popular, lo saben bien.

La estrategia eterna del PP

El PP ostenta una larga trayectoria de acusaciones cruzadas. Hubo un tiempo en el que la secretaria general del partido, Dolores Cospedal, no temía despeinarse para mantener impoluta la imagen de su partido. Un look veraniego y las vistas al Mediterráneo desde un chiringuito marbellí sirvieron de marco a la ‘número dos’ del partido para denunciar una operación de espionaje urdida por el Gobierno de Zapatero. Cospedal se confesaba víctima de las escuchas que el PSOE había encargado y lamentaba que España se hubiese convertido en “un estado policial”. Los principales dirigentes del partido socialista en Castilla-La Mancha le advirtieron entonces que, si no hacía públicas de las pruebas, llevarían el caso a los tribunales.

El material secreto nunca apareció, pero eso no impidió que la secretaria general del PP recuperase la teoría de la conspiración que le sirvió de escudo un año antes. “Ha habido un acoso político por parte del Gobierno muy importante”, defendía. “No nos lo han puesto fácil, han utilizado todo tipo de medios. Se ha puesto en tela de juicio la presunción de inocencia de miembros del PP y se ha cuestionado incluso la honorabilidad del partido”, aseguró en alusión al caso Gürtel. El tiempo demostró que había razones para colocar al PP en el punto de mira. La prueba es que el consejero de Deportes en la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo; el exalcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega; y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, dimitieron después de que se les imputaran presuntos cobros ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007.

El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, también fue destituido por Francisco Camps en octubre de 2009 por su implicación en el caso Brugal. Antes de caer, puso a funcionar el ventilador e intentó desmontar la investigación policial. “Es un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior”, afirmó. Su órdago acusatorio encontró el respaldo del exministro de Defensa Federico Trillo, que valoró el proceso como una “una chapuza”, y del entonces vicesecretario de comunicación del partido, Esteban González Pons, quien achacaba a Alfredo Pérez Rubalcaba el auspicio del informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investigaba el caso Gürtel y que apunta a una presunta financiación ilegal de los populares en Valencia. “Cuando los jueces no le dan la razón a Rubalcaba, utiliza a la policía”, llegó a decir.

Aquel globo sonda no le ahorró a Costa su destitución, ni se probó nunca. En su lugar, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio carpetazo al asunto. A pesar de este precedente, el partido vuelve ahora a apoyar su defensa desacreditando pruebas contrastadas cuando los escándalos le cercan de nuevo. Los ‘papeles de Bárcenas‘ han recibido el visto bueno de varios peritos calígrafos y varios miembros del PP reconocen los pagos. La agrupación política no ha atendido a razones y, una vez más, han optado por la huida hacia delante.

Las ruedas de prensa sin preguntas y la espiral del silencio se instalaron en Génova durante días. El cerrojazo informativo sólo se rompió con un bucle de alusiones a 2009. “Ha habido un acoso político por parte del Gobierno muy importante”. “Es evidente que quieren perjudicar al PP y sobre todo al presidente“, aseguró la secretaria general del partido. El PP no pudo parar las informaciones, así que decidió calificarlas de “infamias” e inició una dura batalla legal contra los medios que las difunden para intentar paliar sus efectos ante la opinión pública y sus bases electorales.

El procedimiento va camino de convertirse en un clásico recurrente en casos de corrupción. Cuando en julio de 2010, el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP alicantino por aquel entonces, José Joaquín Ripoll, fue detenido por cohecho, fraude y tráfico de influencias, el partido también cerró filas e hizo acopio de imaginación. De nuevo en esta ocasión, González Pons acusó a Rubalcaba de “mentir” y de “suplantar al juez”. “Las detenciones fueron confusas y echan tufo a detención publicitaria y política para allanar el camino de Zapatero ante el debate del estado de la nación más difícil de su vida”, dijo Pons, días antes de la cita parlamentaria.

Las conspiraciones no son de potestad exclusiva de la cúpula popular. A pequeña escala también hay quien prueba a echar balones fuera cuando la justicia le cerca. Uno de los pioneros en emplear la táctica fue Juan Martín Serón, alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. “No vienen a por mí, vienen a por el PP“, gritaba mientras era detenido por un presunto delito de urbanismo en 2007, por los que finalmente fue condenado.

Las conspiraciones no son sólo para los políticos

El exbanquero Mario Conde se defendió del caso Banesto con un doble ataque. Invirtió el tiempo que pasó en prisión cumpliendo condena por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida para fraguar su particular Yo acuso, que se ha materializado en varios bestseller. Los libros y varias entrevistas concedidas a los medios le han servido para ajustar cuentas. Asegura que tanto Felipe González, como José María Aznar y Narcís Serra esconden las claves del caso. No oculta su resentimiento contra el expresidente del Gobierno socialista: “Felipe González me traicionó. Unos días antes de la intervención estaba hablando con él de la compra del Banco Totta”, recuerda. Dieciocho años después, sigue sosteniendo que es inocente y que los dos principales partidos conspiraron contra él. Para él, ya no hay amigos en la política.

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