La desamortización de Cospedal

El Dehesón del Encinar está entre los montes que podrían ponerse a la venta

La Consejería de Agricultura ya ha desalojado de allí una piara experimental de cerdo ibérico

Algunas de las tierras privatizadas se convertirán en cotos de caza

Aurora Muñoz

Castilla-La Mancha arrastra la deuda autonómica más elevada del país en términos relativos, con un saldo negativo de 9.694 millones de euros, lo que equivale al 25,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados en diciembre por el Banco de España. Esto ha obligado a la Administración de María Dolores de Cospedal a apretarse los machos. Las Cortes autonómicas fueron las primeras en pasar por la tijera con la supresión del sueldo de los diputados.

Después le tocó turno al sistema regional de salud, que tuvo que prescindir de las urgencias nocturnas en 18 centros médicos. Los montes manchegos serán las próximas víctimas de los recortes que plantea la presidenta de la Junta de Comunidades. “Hay que aligerar las cuentas. Primero pusimos a la venta los coches oficiales que no eran imprescindibles, después hicimos lo mismo con varios inmuebles y ahora estamos estudiando la posibilidad de dejar en manos privadas algunas fincas rústicas”, reconocen fuentes de la Consejería de Agricultura.

Ecologistas en Acción ha hecho público un documento interno de la Junta donde figura un listado en el que se proponen entre 30 y 57 montes de utilidad pública para su privatización. Según se refleja en este informe, el equipo técnico ha encontrado que la solución más rentable para la región es dejar estos terrenos en manos de latifundistas y empresarios cinegéticos. De hecho, algunos de ellos ya han hecho su oferta a la Consejería de Agricultura de la región, según revelan fuentes internas. “Hemos recabado datos de la iniciativa por diversas fuentes. La confirmación definitiva nos llegó por parte de Javier Gómez-Elvira, el director general de Montes y Espacios Naturales, en una reunión celebrada el 31 de enero, en la que nos concretó que, efectivamente existe un plan para vender los montes de utilidad pública”, señala Teo Oberhuber, coordinador de la organización ecologista.

Sin embargo, en Agricultura niegan la mayor. “Aquí nunca se ha puesto sobre la mesa una privatización del monte, sólo de algunas parcelas”, especifica un portavoz de la consejería manchega. “Los medios se han empeñado en atribuirnos una desamortización, pero nuestra única intención es llevar a cabo una reorganización del territorio. Estamos estudiando todas las tierras de titularidad pública y sólo se pondrán a la venta aquellas que estén infrautilizadas”, añade. Es lo que Mendizabal llamaría régimen de manos muertas.

Llámese como se quiera. La Ley de Montes estatal 43/2003 declara estas tierras como “inalienables, imprescriptibles e inembargables” ya que se trata de unos activos naturales estratégicos para la política forestal del país. “Estos terrenos garantizan el derecho de todos los españoles a disfrutar del medio ambiente, como se recoge en el artículo 45 de nuestra Constitución. Evitan la erosión de los suelos, inundaciones catastróficas, deforestación y la destrucción de valiosos hábitats”, detalla el Colegio de Ingenieros de Montes en un comunicado.

Eso no ha impedido que otras autonomías hayan seguido el mismo camino para sortear los rigores de la crisis. La Generalitat de Cataluña vendió en 2012 una finca de 90 hectáreas del parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) y la Junta de Andalucía puso en venta 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), según recoge un artículo publicado en El País.

Miguel Ángel Hernández, respon­sable de Conser­va­ción de espacies de Ecologistas en Acción y portavoz de la organización en Castilla-La Mancha, contradice la versión oficial del gobierno manchego y ha concretado que el proyecto, de momento, pretende enajenar el 30% de los montes de utilidad pública con los que cuenta la Junta, lo que equivale a 51.000 hectáreas. El Dehesón del Encinar (Oropesa), Nava de Don Diego (Navalucillos), Quinto de Don Pedro y Cardeñosa (ambos en Toledo) son los primeros nombres que han trascendido. Los tres últimos eran refugios de fauna protegidos contra la actividad cinegética, hasta el año pasado. Cospedal los recalificó para permitir a las grandes empresas que pudieran organizar monterías. Con la ley de su parte, la Junta empezó a hacer caja inmediatamente y las batidas se suceden, según ha denunciado Ecologistas en Acción.

Sigfredo Ortuño, secretario académico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, precisa que el aumento del número de cotos de caza no está restringido. “Además, no sería excesivo. Tengan en cuenta que en España existen 35 millones de hectáreas acotadas”, agrega.

Sin embargo, la organización ecologista tiene recurrido el cambio ante el Tribunal Superior de Justicia de la región porque los refugios de fauna descatalogados forman parte de espacios de la Red Natura 2000, donde se integran zonas preservadas como bancos de prueba de un modelo de gestión sostenible. Estos montes, en concreto, cuentan con datos sobre la recuperación del lince, por lo que los miembros de la ONG entienden que deberían ser tierras especialmente protegidas por la Administración pública. La normativa, en cualquier caso, no impide que puedan ser de titularidad privada.

La privatización se lleva por delante una investigación genética

El Dehesón del Encinar también ha experimentado cambios en el último año. Este monte, situado en la falta de Gredos, acogía una piara experimental de cerdo ibérico hasta marzo de 2012. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) gestionaba la finca desde 1981 e impidió que los ejemplares de la zona se mezclaran con otras razas. Hoy disponen de datos clave para establecer la pureza genética del ibérico. El valor de la investigación no ha evitado que el gobierno de Castilla-La Mancha haya invitado a los científicos a abandonar el terreno, de titularidad pública. “El último de los proyectos de actividades permanentes estaba vigente hasta diciembre de 2012 y contábamos con el expreso consentimiento de la Junta, pero la consejería de Agricultura decidió, unilateralmente, que la piara debía desalojar el Dehesón en febrero”, cuenta Luis Silió, investigador responsable de la gestión genética de la piara desde 1981.

Un portavoz de Agricultura matiza la historia. “El INIA explotaba el Dehesón sin aportar ni una peseta. La Junta le cedió terrenos de su propiedad y, además, un equipo de 19 personas para su mantenimiento. Eso suponía unos gastos que no nos podíamos permitir, así que se les advirtió que si no se hacían cargo económicamente, tendríamos que suspender el acuerdo”, apunta. “No es justo que se nos haga responsables del fin del experimento. La piara se ha trasladado a Extremadura y el equipo continúa su actividad, mientras que Castilla-La Mancha ha dejado de apuntar facturas”, defiende.

Silió discrepa. “Los investigadores entendimos que la grave situación económica de la Junta hacía insostenible que prosiguiera la actividad del centro, pero no hubo opción a diálogo alguno”, lamenta. “El INIA ha financiado, a lo largo de todos estos años, el mantenimiento de la piara mediante sucesivos convenios”, rebate. El genetista considera que el cambio de ubicación ha sido forzado por razones que nada tienen que ver con su actividad. No se atreve a identificarlas, pero lo cierto es que el Dehesón del Encinar se ubica en una zona de alto valor cinegético.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha redirigido la especulación al campo. Castilla-La Mancha cuenta con un gran número latifundios dedicados a la caza. El valor de sus ejemplares de montería y la cercanía a Madrid han despertado el interés de grandes empresarios. Miguel A. Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, deplora que este fenómeno coincida con un momento en el que los vecinos de muchos pueblos de España han hecho un importante esfuerzo económico para comprar los montes que el Estado sacó a subasta. Son los denominados “montes de socios“, que reivindican la propiedad comunal como fórmula de éxito para conjugar los usos productivos, sociales y recreativos.

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