La declaración del toro como Bien de Interés Cultural nunca debió debatirse en el Congreso

La declaración de Bien de Interés Cultural corresponde a las Comunidades Autónomas

El Tribunal Supremo está estudiando presuntas irregularidades en la recogida de firmas

Aurora Muñoz

El Congreso de los Diputados sólo ha tomado en consideración cuatro iniciativas legislativas populares (ILP) en toda la democracia, la mitad de las cuáles se aceptaron ayer. La Cámara Baja tuvo que lidiar el pasado martes con la espinosa propuesta popular para declarar la Fiesta Nacional como Bien de Interés Cultural (BIC) y decidió admitirla a trámite con los votos a favor del Partido Popular (PP), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Esta decisión ha puesto en pie de guerra a los antitaurinos, quienes defienden que los parlamentarios han tratado de blindar las corridas de toros a pesar de que la ILP nunca debió haber sido debatida en esta Cámara.

La Fundación Franz Weber, defensora de derechos de los animales, ha presentado un informe en el que identifica errores de forma y de fondo en el texto que servirá de base al proyecto de ley. El primero de ellos, es clave. El 22 de marzo del pasado año, una comitiva de representantes de la Federación de Entidades Taurinas presentó 590.000 firmas en el Congreso de los Diputados para avalar la ILP. Han pasado casi once meses desde aquel apretón de manos entre el presidente del Congreso, Jesús Posada, y los toreros Santiago Martín El Viti, Curro Vázquez, Roberto Domínguez, Serafín Marín y Cayetano Rivera hasta el plebiscito de esta semana; quince si se toma como referencia la fecha en la que entregaron el primer pliego de motivos. Hubo una prórroga pero, incluso con ella, este periodo de tiempo supera los plazos que marca la normativa, de manera que la propuesta pasó el examen parlamentario habiendo sobrepasado su fecha de caducidad.

El ejercicio de la iniciativa legislativa popular requiere la presentación en la Cámara Baja de un texto articulado de proposición de ley precedido de una exposición razonada. La Mesa del Congreso examina la documentación y en el plazo máximo de 15 días se pronuncia sobre su admisión o no. A partir de ese momento, los promotores disponen de seis meses, prorrogables tres meses más, para recoger las 500.000 firmas necesarias para que continúe su tramitación.

Este requisito ha hecho fracasar 24 iniciativas, que caducaron al sobrepasarse los plazos sin lograr las adhesiones necesarias. Entre ellas, la que presentó la plataforma antitaurina PROU, que fue desestimada a los tres meses. “Han pasado más de seis meses entre la publicación de la proposición de ley de la ILP de la Mesa del Toro y la inclusión en la orden del día del pleno para su toma en consideración”, protesta Leonardo Anselmi, director para Iberoamérica de la Fundación Franz Weber y portavoz de PROU. Este representante de la plataforma antitaurina reclama igualdad de oportunidades. “Nosotros recogimos 180.000 firmas porque sólo tuvimos un trimestre; sin embargo, la ILP taurina permitía hacerse fedatario durante todo el proceso, que fue mucho más largo. Los empresarios taurinos contaron con el respaldo de diarios como La Gaceta o La Razón, los cuáles adjuntaban la hoja para la recogida de firmas en sus ediciones impresas”, recuerda.

La Junta Electoral ha admitido a trámite una denuncia presentada contra los organizadores de la propuesta popular por incitar a recoger firmas a simpatizantes taurinos sin ser fedatarios, lo que podría contravenir la Ley Orgánica 3/1984 que regula las ILP. La doctrina de este organismo estipula que la designación de los fedatarios se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando sea antes de que finalice el plazo de recogida de firmas.

Además de esta condición, se establece que éstos pueden dar fe de la autenticidad de las firmas que ellos mismos tienen que haber recogido como testimonio directo, siendo inválidas aquellas recogidas por personas que no se hayan dado de alta para esta función. “La trampa articulada por los impulsores consistió en repartir pliegos de firmas que luego serían validadas por una segunda persona que sí se hubiera dado de alta como fedatario, dando así fe de que era esa persona autorizada quien había recogido las firmas”, critica Anselmi. Por el momento, el Tribunal Supremo está estudiando las presuntas irregularidades y aún no ha dictado sentencia.

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDA) ha advertido también que la declaración de las corridas de toros como Bien de Interés Cultural (BIC) puede acarrear problemas competenciales. José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (AVAT), comparte este punto de vista. “Las atribuciones sobre protección animal y las declaraciones de BIC están transferidas y, por lo tanto, son las comunidades autónomas las que legislan sobre esta materia”, argumenta.

Esta capacidad para legislar posibilitó la prohibición de la Fiesta Nacional, primero en Canarias y luego en Cataluña. Ambas normativas impiden la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento. Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia se sitúan en el extremo contrario. Estas cuatro autonomías, gobernadas por el PP, han tomado la delantera y ya han declara los toros como Bien de Interés Cultural en su demarcación.

El Senado ya rechazó, por 129 votos en contra, 117 a favor y una abstención, una moción de los populares para declarar los toros Bien de Interés Cultural debatida en 2010. La Cámara Alta interpretó entonces que la petición excedía sus competencias. Este precedente ha motivado que el conseller de la presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, haya manifestado el malestar del Ejecutivo catalán por la admisión a trámite de esta ILP. “No puede ser que cuando algo no guste, se usurpe la capacidad de decisión”, censura.

Si finalmente la propuesta sale adelante, el Gobierno recuperaría las competencias taurinas, aunque esto no significa que queden derogadas las competencias autonómicas. De hecho, el Tribunal Constitucional ha resuelto un sistema de competencias compartidas en casos similares. “La afirmación de que esta ILP traerá de vuelta los toros a Cataluña no es más que un recurso mediático de titular fácil y alarmista”, explica Neus Aragonés, de la Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA). “Lo único que puede hacer que las corridas vuelvan a Catalunya es un fallo del Constitucional”, puntualiza. Los taurinos no lo tienen tan claro y contraatacan con una amplia base legislativa.

“Las leyes nacionales prevalecen sobre las autonómicas”, advierte Iñigo Fraile, secretario de la Unión de Toreros. Este colectivo se acoge a la Ley 10/1991, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos  y en el artículo 149.2 de la Constitución Española para consagrar el derecho del Ejecutivo central a tomar decisiones sobre las fiestas de los toros sin perjuicio de las competencias autonómicas. “La tauromaquia es una disciplina artística y, como tal, debe contar con la protección del Ministerio de Cultura”, sentencia.

Fuente: http://www.zoomnews.es/actualidad/sociedad/camara-baja-encara-declaracion-del-toro-como-bien-interes-cultural

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