Los recortes se ceban con enfermos de cáncer

El incremento de la factura sanitaria podría conllevar una interrupción de los tratamientos

Los afectados suman una guerra abierta contra los recortes a su lucha contra la enfermedad

Aurora Muñoz

Cada año se diagnostican aproximadamente unos 200.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) Defunciones según la Causa de Muerte arrojaba en 2010 el dato de que en España, el cáncer es la primera causa de muerte en varones y la segunda en mujeres. En este panorama sombrío, destaca un dato esperanzador.

Los oncólogos estiman que el 5% de la población española será superviviente de la enfermedad en el año 2.015, como consecuencia directa de los avances médicos, la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos. Sin embargo, estos logros podrían quedar limitados por el tijeretazo de la Administración Pública.

El Real Decreto Ley 16/2012, aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno central de manera urgente, así como los planes de ahorro de los diferentes Gobiernos autonómicos, se traducen en una reestructuración del Sistema Nacional de Salud que ha planteado conflictos de competencias y generado situaciones de desigualdad en la atención de los pacientes en el territorio nacional.

“Hay un riesgo de que el principio de igualdad de acceso a la atención sanitaria de todos los españoles se vea afectado por la diferente manera en que las reformas son implementadas por las autoridades sanitarias de cada Comunidad Autónoma”, afirma Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM. “El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto”, defiende.

La nueva normativa modifica el concepto de asegurado, así como el aporte de los usuarios en la prestación farmacéutica, ortoprotésica y transporte sanitario no urgente. Desde su entrada en vigor, se han establecido tres tipos de carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) de las cuáles sólo una de ellas es gratuita: la cartera común básica de servicios asistenciales del SNS, a la que debe sumarse la complementaria de las Comunidades Autónomas.

Esta cartera accesoria no queda definida en la ley, de manera que cada autonomía debe concretar en qué se define. “Hemos comprobado que se está produciendo una reevaluación de fármacos en algunas comunidades. Es decir, hasta ahora un medicamento se aprobaba en Europa por la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad fijaba el precio del producto. Ahora, las cosas han cambiado.

Se está volviendo a evaluar los fármacos, su eficacia y su seguridad, lo que ocasiona que, en algunos casos, medicamentos que ya tenían el visto bueno de Europa, no lleguen a los pacientes”, denuncia Víctor Rodríguez, director del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), en declaraciones a ABC. Su asociación ha recogido varias quejas de enfermos que denuncian retrasos en la llegada a España de nuevos fármacos que ya se comercializan en otros países del entorno. “Si antes el plazo medio era de seis meses, ahora, en algunos casos, la espera puede sobrepasar el año. Para los que tenemos cáncer, el reloj corre para atrás y un retraso puede ser crucial”, protesta Rodríguez.

El copago llega a las farmacias hospitalarias

A esto hay que sumar una subida de la aportación en fármacos de contribución reducida de 2,67 a 4,13 euros. La nueva normativa modifica la aportación tanto del usuario en activo, que tendrá que abonar ahora el 40% del Precio de Venta al Público (PVP), como de los pensionistas, quienes pasan de la gratuidad total a pagar el 10% del PVP, en función de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El copago de los fármacos no ha llegado sólo a las farmacias a pie de calle, sino también a las hospitalarias. Las boticas de los centros médicos manejan un listado provisional de medicamentos que requerirán de una contribución del 10% por parte del paciente. “Entre los fármacos incluidos en esa lista provisional se encuentran algunos empleados en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, como el de mama, de pulmón, de riñón, de próstata, tumores cerebrales y diversos tipos de cánceres hematológicos”, indica Óscar Moral, de GEPAC.

Los fármacos antineoplásicos (sustancias que frenan el desarrollo de células tumorales malignas) representan el principal gasto para el paciente de cáncer durante su tratamiento de quimioterapia. Estos medicamentos solían dispensarse gratuitamente en el hospital pero, ahora, están sujetos a una aportación mínima del paciente. Este copago supone una
discriminación entre los pacientes en quimioterapia de administración intravenosa, que sigue siendo gratuita, frente a los que se tratan con administración oral. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) denuncia que este hecho puede llegar a distorsionar la toma de decisiones sobre la opción terapéutica a seguir por el paciente.

Según el INE, el 40% de los hogares españoles no pueden asumir gastos imprevistos y el 12,7% llega a fin de mes con mucha dificultad. La estadística señala que el gasto medio mensual en salud de una familia que vive en el ámbito rural con dos hijos menores de edad, un único miembro activo y que perciben una renta inferior a los 18.000 euros al año, se sitúa en torno a un 3% del total de su gasto global. Si a uno de sus miembros se le diagnostica un cáncer, tendrá que aumentar su desembolso un 15% para pagar el tratamiento. Muchos hogares no serán capaces de hacerse cargo de este incremento de la factura sanitaria, lo que podría conllevar una interrupción de la continuidad de los tratamientos con el consiguiente riesgo para la supervivencia del paciente y una importante disminución de su calidad de vida.

También se han encarecido los tratamientos para aliviar efectos secundarios de la medicación contra el cáncer, la atención psicológica y aquellos recursos que se emplean para la rehabilitación de secuelas. Las prótesis son un buen ejemplo. La mayoría de productos ortoprotésicos que requieren los enfermos de cáncer pertenecen al subgrupo de aportación reducida, por ejemplo, las prótesis de mama y prendas de compresión. La norma indica que el paciente deberá abonar el 10% del precio de oferta del producto (aún no definido),  pero no especifica el tiempo de renovación de las prótesis.

Usted paga los desplazamientos para quimioterapia

El transporte sanitario no urgente era gratuito hasta la aplicación del nuevo real decreto. El único requisito que se establecía era el criterio de movilidad reducida y causas sanitarias. Actualmente, se mantiene el criterio facultativo, aunque todavía no se ha especificado en qué se concretará. En cualquier caso, que su doctor dé luz verde al desplazamiento en ambulancia no quiere decir que vaya a salirle gratis. Se establece una cuota del usuario con límite máximo en función de su renta. La base de cálculo es de cinco euros por trayecto, contabilizándose la ida y vuelta como dos desplazamientos.

La norma incluye una clausula especial para aquellas personas que requieran traslados periódicos por un período superior a seis meses y con una frecuencia de al menos cuatro traslados semanales, del domicilio a centro sanitario y viceversa. Ellos pagarán algo menos que el resto. Sin embargo, los pacientes de cáncer no entran en este grupo ya que el tratamiento, aunque pueda superar los seis meses, no requiere el mínimo establecido de traslados semanales.

“Somos perfectamente conscientes de la situación de crisis económica y de la necesidad de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, pero consideramos que las medidas anunciadas por la Administración equivalen a penalizarnos por el hecho de estar enfermos”, mantiene Begoña Barragán, presidenta del GEPAC.

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