El futuro educativo es concertado

El borrador de la nueva normativa plantea una posible renovación automática de los conciertos

El anteproyecto de ley condiciona las subvenciones de centros privados a la demanda de plazas

Aurora Muñoz

Los matices son importantes, sobre todo en términos legales. Por eso, el ministro de Educación, Cultura y Cultura, José Ignacio Wert, ha procurado hilar fino con el anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La norma actual establece que “las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes”, mientras que el borrador de la reforma se limita a comprometer “plazas suficientes”, sin entrar a valorar si éstas deben ser públicas o concertadas.
José Luís Pazos, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública ,considera que la omisión no es inocente. “Si se quisiese garantizar una plaza pública a todos los alumnos, se especificaría como tal. Esta falta de concreción evidencia que la Administración Pública pretende garantizar el derecho a la educación por la vía de la enseñanza privada”, observa Pazos.

El borrador asume una de las eternas reivindicaciones del sector privado: que el Gobierno tenga en cuenta la “demanda social” a la hora de asignar plazas en la educación obligatoria. “Los padres tienen la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Española y el Estado debe de poner los medios para que éste pueda ser efectivo con conciertos que les permitan elegir, sin tener en cuenta las trabas económicas”, alega José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

Las ayudas públicas a la concertada

En el curso 2009-2010, los centros privados no universitarios recibieron subvenciones gubernamentales valoradas en 2.411 euros por alumno, lo que representa un incremento de la financiación pública del 29,8% si se compara con los datos de 2004-2005, según recoge la última Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento de estas partidas ha favorecido un aumento de las solicitudes de ingreso en estos centros, que ya concentran al 25% de los escolares. En algunas regiones, los colegios concertados van recortando puntos porcentuales a los públicos. Es el caso de la Comunidad Valencia, donde este curso se ha roto el tradicional desequilibrio entre la enseñanza pública, que representaba el 70% de la matrícula, y la escuela privada-concertaba, que cubría el 30% restante. Allí, los concertados han sumado 10.000 alumnos, lo que ha hecho retroceder el porcentaje de estudiantes matriculados en la red pública (hasta 67,79%).

“Hace falta una política decidida que permita que los centros públicos que se han ido vacíando por falta de recursos, vuelvan a tener los niveles de ocupación que tenían cuando fueron creados. Algunos se han cerrado por voluntad política, a pesar de que la enseñanza concertada es mucho más cara”, reclama el portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública. Pazos sostiene que la única manera de que estas escuelas sean más rentables es empobrecer la calidad de la educación. “Sus gestores reclaman un margen de beneficios que se logra con contratos precarios para el profesorado o aumentando la ratio en las aulas”, concreta. El secretario general de Escuelas Católicas no lo niega. “Nuestra formación es más barata para el Estado porque los titulares ponen los edificios de los centros educativos y los profesores cobran algo menos, aunque tienen una mayor carga horaria. Esto nos permite aprovechar mejor los recursos”, argumenta. Alvira, sin embargo, valora positivamente este dato. “Un puesto de la enseñanza concertada cuesta un 60% menos a las arcas públicas, lo que supone un ahorro anual para la Administración de 4.000 millones”, sostiene.

El otro punto conflictivo del borrador de la reforma educativa tiene que ver con los plazos de renovación de los acuerdos entre el Gobierno y las escuelas privadas subvencionadas. El anteproyecto establece conciertos mínimos de seis años en primari,a y cuatro en secundaria, mientras que en la normativa anterior sólo se fijaba un periodo máximo de cuatro años. “El hecho de que se fijen mínimos y no máximos, abre la puerta a la renovación automática. Queda claro que Educación pretende mantener de por vida esos conciertos y evitar la burocracia a los gestores”, considera Pazos. Alvira no lo tiene tan claro y reclama una referencia más explícita en el texto definitivo, aunque se muestra optimista. “Ojalá sea así. El acuerdo debería ser indefinido por definición, ya que no tiene sentido reevaluar en periodos cortos a un colegio que ya demostró en su día que cumple los requisitos. Es una pérdida de tiempo”, juzga.

¿Una segregación social?

Un estudio elaborado por Manuel Muñiz, profesor titular de la Universidad de Oviedo y experto en Economía de la Educación, señala que la financiación creciente de los colegios concertados conlleva la pérdida “de equidad y de igualdad”. La investigación, titulada Colegios concertados y selección de escuela en España: un círculo vicioso, concluye que los conciertos contribuyen a la segregación social que, de seguir permitiéndose, abocaría a “una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades” en el sistema educativo español.

Muñiz mantiene que la motivación fundamental de las familias para escoger uno de estos colegios privados con financiación pública es la creencia de que los compañeros de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos. “Este discurso no obedece a datos reales. Los centros concertados intentan atender a alumnos con necesidades educativas especiales con menos medios que los públicos”, defiende el secretario general de Escuelas Católicas. Pazos lo pone en duda. “La propia ubicación geográfica de los colegios concertados ya delata que buscan a los vástagos de familias elitistas. Hacen una selección previa que les permite mantener unos índices inferiores de fracaso escolar para justificar las subvenciones”, argumenta.
En efecto, los datos del INE reflejan que los centros públicos doblan las tasas de abandono de la enseñanza concertada, con un 33% frente a un 13,9%. “La escuela pública es imperfecta pero es deber de todos defenderla, porque vertebra el país y nos da la cohesión social”, defiende el portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública.

Fuente: http://www.zoomnews.es/actualidad/sociedad/reforma-educativa-wert-beneficia-colegios-concertados

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