La privatización es el futuro… aunque salga cara

Las empresas Secuoya y Vértice 360 son las principales adjudicatarias de los contratos

Los externalización de los informativos de la televisión autonómica balear cuestan casi 50 millones de euros

Aurora Muñoz

Murcia sentó el precedente. La televisión regional de esta comunidad adjudicó en octubre a la empresa Secuoya la realización de sus informativos durante tres meses, previo pago al Ente de 56.000 euros. Esto sucedió poco después de que la radiotelevisión murciana despidiese a 250 de sus 264 trabajadores mediante un Expediente de Regulación de Empleo. Sólo quedaron en nómina 14 empleados. Esta pequeña adjudicación abre la puerta a la inminente privatización y externalización de las televisiones públicas autonómicas, gracias a las modificaciones que se han introducido en la ley.


El pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, por la que se advertía a las cadenas públicas que tendrían que mantener saneadas sus cuestas. La normativa contempla dos posibilidades: privatizar las televisiones o mantener la gestión pública mientras no acumulen déficit. Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia manifestaron entonces su negativa a ceder sus canales a productoras particulares.

Otras comunidades autónomas están optando por la privatización mediante una fórmula indirecta. “La venta pura sería inviable en mitad de la crisis. La intención de las empresas es reducir a la mínima expresión las plantillas para desmenuzar la cadena y vendérsela en piezas a cadenas amigas“, advierte Carlos Alonso, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Telemadrid. Se refiere a la adjudicación de las frecuencias, instalaciones y personal, así como la externalización de contenidos a productoras privadas con la condición de que éstas mantengan la misión de servicio público.

El secretario general de la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómicas (FORTA), Enrique Laucirica, defiende esta opción. “La titularidad de las cadenas que externalicen parte de sus servicios seguirá siendo pública. El ente seguirá velando por la calidad, de manera que es difícil que las autonómicas terminen degenerando en canales basura”, señala.

Su opinión no es compartida por Carlos Salgado, delegado sindical por CGT en Radio Televisión Española (TVE). “Siempre es más caro externalizar”, apunta. “Hay que tener en cuenta que las adjudicatarias tienen que guardarse un margen para sus beneficios mientras los contenidos que se elaboran dentro de la propia cadena no tienen un fin lucrativo”, añade. Salgado considera que la cesión a empresas privadas conllevará una pérdida de la calidad de los programas. “Las externas no siempre utilizan personal cualificado. Pagan sueldos míseros a sus trabajadores y alargan sus jornadas laborales hasta límites indignos. Esta cambio sólo contribuye a empeorar la televisión pública y las condiciones laborales de sus trabajadores”, afirma.

La ley no obliga a las comunidades a cerrar o vender sus cadenas, sólo les da la oportunidad. Pero, para los que no quieran privatizar, las exigencias serán grandes: no podrán acumular deuda y les impondrán un techo de gasto. Además, el artículo 40.1 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual(LGCA) ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Esto no evita que cuatro autonómicas hayan externalizado ya sus servicios informativos.

Aragón Televisión sacó a concurso a finales del año pasado la cobertura de los informativos que ganó Factoría Plural. Con una plantilla de 40 personas, la compañía suministra material para los telediarios, el tiempo y los deportes. Además, elabora espacios semanales de reportajes por 6,5 millones de euros. A la televisión pública canaria le ha salido más caro. El ente cedió durante ocho años la gestión de sus servicios informativos a Videoreport Canarias (una sociedad que forma parte de Secuoya) por 150 millones de euros. CBM, otra compañía del mismo grupo, se encargará durante cuatro años de los Informativos de IB3, la televisión autonómica balear por casi 50 millones de euros.

El pastel se reparte entre unas pocas

“Las agraciadas siempre son las mismas”, deduce la secretaria general de UGT en Telemadrid, Mayte Treviño. “La privatización es un expolio del dinero público desviado a empresas privadas cercanas a los intereses del Gobierno. Sin ir más lejos, los 250 millones de euros de la deuda de Telemadrid equivalen a lo pagado por la cadena a las empresas relacionadas con el productor Enrique Cerezo desde 2007″, alega.

Alonso apunta algo parecido. “Antes eran Mediapro y Quarzo las que se hacían con la mayoría de los contratos. Ahora las tornas han cambiado y se defienden los intereses de Grupo Secuoya, que tiene en sus filas al exportavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y los de Vértice 360, que tiene en su Consejo de Administración al marido de la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro“, cuenta este representante de CGT en Telemadrid.

Fernando Martín, responsable de comunicación del Grupo Secuoya no lo niega. “Hacemos lo mismo que nuestra competencia. Vamos a todos los concursos y tratamos de ganarlos”, asegura. Su oponente es el Vértice 360º. El presidente, Manuel García Durán, ha reconocido que esta empresa  ostenta la mayor cuota de mercado en servicios audiovisuales para televisiones autonómicas y espera ampliarla con la externalización de los contenidos de estas televisiones.

“Si el negocio pasa por la externalización de servicios de las cadenas públicas, nosotros tenemos que estar ahí, como ya hicimos en Extremadura, Canarias y Aragón”, defiende Carlos Álvaro, el responsable de comunicación de Vértice 360. Este plan de aumento de beneficios contrasta con la situación de los autónomos y los subcontratados de la compañía, que denuncian que no se les paga puntualmente. Álvaro reconoce que “podría haber retrasos” en los pagos a proveedores. “Como en otras muchas empresas”, apuntilla. También se habla de despidos. “Si se considera un ERE como un proceso para echar a la calle a gente, pues sí, lo hay en Videoreport”, confirma no sin cierta reticencia.

Fuente: http://www.zoomnews.es/actualidad/espana/futuro-las-televisiones-autonomicas-pasa-su-privatizacion-total-o-parcial

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