Las residencias no acogen a los mayores con VIH

Un decreto excluye a los solicitantes que presenten una enfermedad infectocontagiosa

Una asociación de homosexuales ha montado una cooperativa para construir un centro de mayores

Los afectados son trasladados actualmente a hospitales de larga estancia

A.M.

María [nombre ficticio] lleva sufriendo, durante toda una vida, discriminación por haber nacido con el cuerpo equivocado. Esta transexual tinerfeña que ya ha superado los 60, fue indemnizada hace dos años por la represión a la que fue sometida por el régimen franquista debido a su condición sexual. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social fue aplicada hasta 1988 para enviar a los homosexuales a la cárcel. La derogación de esta norma y los 4.000 euros que recibió del Gobierno no han impedido que se encuentre con un último rechazo de la Administración Pública al llegar a la tercera edad.

Después de muchos años como portadora del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha empezado a desarrollar la enfermedad. La combinación del SIDA con su diabetes ha desembocado en un serio deterioro de su salud. La situación le obligó a solicitar plaza en una residencia de mayores dependiente del Gobierno de Canarias, pero una claúsula la ha dejado fuera y ha tenido que quedarse en casa. Lo mismo le ha pasado a cientos de afectados en toda España. El decreto 236/1998 excluye a los solicitantes que presenten una enfermedad infectocontagiosa. El VIH-SIDA está dentro de la lista.

“El concepto que han utilizado no sólo es inmoral, sino que además supone una aplicación incorrecta de la normativa”, defiende Javier Barbero, un psicólogo clínico en el Servicio de Hematología del madrileño Hospital Universitario La Paz, que aporta su opinión como experto en el tratamiento de apoyo a personas con VIH-SIDA y miembro del comité de ética asistencial. “Una enfermedad infectocontagiosa es aquella que se propaga con independencia de la conducta humana, como sucede con la tuberculosis, que se trasmite por el aire. Por el contrario, el VIH ha sido catalogado como enfermedad crónica transmisible. Esto quiere decir que tiene unas vías de infección muy definidas y fácilmente prevenibles: sólo puede contagiarse por el contacto directo de una herida abierta con la sangre, el semen y las mucosas vaginales y anales”, aclara. “Ningún sanitario adecuadamente formado podría considerar la admisión de un seropositivo como una causa de alteración de la normalidad de la convivencia en un centro”, sentencia.

Unapro, la asociación especializada en la ayuda y protección de los afectados por VIH-SIDA de Canarias, ha hecho suya la reclamación de María. “Lamentablemente no ha sido la primera en sufrir esta discriminación. Nosotros llevamos denunciando casos similares desde hace varios años”, protesta su presidente, Nicolás García. “Esa cláusula se mantiene porque es la excusa perfecta para evitar la reacción de otros residentes. No encontramos otra explicación, porque estos centros atienden a pacientes con enfermedades mucho más complicadas de tratar que el VIH”, sostiene.

“Un hospital no es un lugar para vivir”

La Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España  (Fipse) le da la razón en el estudio Investigación sobre la discriminación arbitraria de las personas que viven con VIH o SIDA, editado en 2005. Dicho informe recoge nueve notificaciones de afectados por el virus que llegaron a estar verbalmente admitidos hasta que comentaron su condición seropositiva. “El argumento de exclusión se basa en un reglamento que implica inseguridad para el resto y permite justificar posibles actos discriminatorios. De hecho, el equipo de investigación sobre Práctica Cotidiana ha podido constatar cómo hay residencias que acogen a las personas seropositivas y otras que no lo hacen”, recoge el texto.

La presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, Margarita Pena, emplea la legislación para justificarse. “La normativa es absolutamente clara y yo me debo a su cumplimiento”, advierte. Pena señala que existen otros recursos asistenciales para atender a los seropositivos. “Estamos tan interesados como Unapro en promover un cambio en la normativa pero, entre tanto, las personas que nos llegan con esta particularidad son derivadas a hospitales de larga estancia como Febles Campo, Los Dolores y La Orotava”, concreta.

A Barbero la solución le parece “un parche”. “Un hospital no es un lugar para vivir. Los afectados por el virus merecen la misma consideración y respeto que el resto. No es una cuestión de beneficencia, sino de justicia”, apostilla. En efecto, la Ley 33/2011 señala en sus artículos 6.1 y 1.3 el derecho a la igualdad en las actuaciones de salud pública, sin que la enfermedad pueda amparar diferencias de trato. “El mantenimiento de esta norma decimonónica refleja una postura malintencionada y peligrosa, ya que contribuye a extender la sospecha infundada de que las familias que vivan con seropositivos corren un riesgo continuo”, expone. El experto en atención psicológica a pacientes con VIH considera que, mientras no se modifique la legislación, es necesario que los centros elaboren una circular interna que contemple que el término “infectocontagioso” no es aplicable al VIH.

También plantea la necesidad de que se elabore un protocolo en el que se especifique la confidencialidad de la condición serológica de los usuarios de los servicios sociales. Ley Orgánica 15/1999 ya garantizar la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad de los afectados, sin embargo, un trabajo de campo del Fipse desveló que el 25% de las residencias de ancianos contactadas señalaban que la información sobre el estado de salud estaba a disposición no sólo del personal médico, sino también del personal técnico y hasta del personal administrativo. Este porcentaje se incrementa hasta el 50% cuando la misma pregunta se formula en centros de acogida.

Una residencia sin homofobia

La generalización del tratamiento del VIH ha conseguido resultados espectaculares sobre la progresión de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes infectados. Como resultado de estas tendencias se espera que más de la mitad de las personas infectadas por el virus tengan más de 50 años de edad en 2015, según un estudio del Centro Nacional de Epidemiología, elaborado con datos de los sistemas de vigilancia de nuevos diagnósticos de infección en las distintas Comunidades Autónomas. Los últimos datos actualizados son de 2009, cuando 150 mayores de 50 años engrosaron las listas de nuevos diagnósticos de infección (un 10,9%). La Fundación 26 de Diciembre, un colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales que rondan la cincuentena, están tratando de asegurarse un lugar donde pasar su vejez.

“Ahora es muy difícil conseguir una plaza en residencias públicas y algunos de los que lo consiguen reciben un trato deplorable, hasta el punto en que prefieren la muerte a convivir con gente que no los quiere”, asegura Federico Armenteros, presidente de esta asociación madrileña. Ellos han optado por montar una cooperativa para la construcción de una residencia libre de discriminaciones. El centro será construido en un terreno que les ha cedido el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante los próximos 75 años. El dinero necesario se obtendrá en un 60% a través de un préstamo hipotecario y el otro 40% se obtendrá a través de la autofinanciación de los socios que pagarán cuotas de 700 euros hasta la entrega de las llaves. Los 16 socios actuales sueñan con reunir los catorce millones que necesitan para emprender el proyecto. Éste contempla apartamentos biosostenibles de 45 o 50 metros cuadrados con baño y cocina integrada.

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