La dación en pago no es ningún chollo

El Código de Buenas Prácticas contempla esta medida con condiciones muy restrictivas
Los promotores de la iniciativa legislativa sobre desahucios tienen hasta febrero para avalar la propuesta
El parque de viviendas sociales representa el 1% del mercado inmobiliario español
 Aurora Muñoz
Tras 14 años en España, Eduardo Cochago ha concluido que el sueño europeo no existe. Al menos en este país. Este ecuatoriano llegó a Madrid en pleno boom inmobiliario para trabajar en la construcción. En 2006, cuando consiguió traerse a su mujer y a su hija -que ahora tiene diez años-, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el piso en el que durante años había compartido cama caliente con otras 14 personas. “Fui al banco y me dijeron que lo mejor era comprar, que los pisos no pararían de revalorizarse y que, con un pequeño esfuerzo, tendría una casa para mi familia y una inversión para el futuro”, cuenta por teléfono. Cochago sostiene que Caja Madrid -ahora Bankia- le aseguró que pagaría 800 euros al mes por el inmueble. “La letra que acabó llegándome era de 1.350”, protesta. Una cantidad imposible de afrontar para un familia que se mantenía con su sueldo, de 1.200 euros.

En 2009, se quedó sin trabajo y los problemas crecieron. Tras notificarle su desahucio, Bankia subastó su casa, a pesar de lo cual Cochago siguió debiéndole 138.000 euros. “Ni siquiera planteó liquidarnos la hipoteca cuando se quedó con la casa. Mi mujer trabajaba como empleada de hogar y esperaban que pagásemos con eso”, señala. Lo que él reclamaba realmente era una dación en pago, una medida que, a pesar de estar contemplada en la legislación española, tiene difícil encaje en el sistema hipotecario. Cochago, tras dar mucha guerra, lo consiguió este mes.

En marzo entró en vigor un Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras promulgado como complemento del Real Decreto de protección a los deudores hipotecarios. A pesar de que la adhesión es voluntaria, todas las entidades financieras han aceptado. Víctor Martí, de la delegación madrileña de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, cree saber por qué: “Se presentó como una solución al problema de la vivienda pero su único objetivo era aliviar el marrón que tiene la banca con sus activos tóxicos”.
Desde que en 2007 estalló la crisis, más de 350.000 personas se han sido desalojadas. Cada día aumenta el número de familias que se quedan sin hogar. Eso fue lo que le sucedió el pasado 25 de octubre a José Miguel Domingo, un granadino que se suicidó en su domicilio horas antes de ser desahuciado. El mismo día, un valenciano tuvo que ser hospitalizado tras tirarse desde el balcón de su vivienda cuando iba a ser desalojado por una comisión judicial. “Estas personas están desesperadas. Acaban prefiriendo pagar a comer porque uno piensa que si se queda sin casa, ya no le queda nada”, relata  María Díaz de Pablo, una gallega que está acostumbrada a lidiar con casos límites en la delegación compostelana de Stop Desahucios.

La Comunidad de Madrid es la tercera región con mayor número de expedientes de desahucios y más del 80% de éstos están ligados a Bankia, apuntan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH). Los datos del Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre de 2012 arrojan una media diaria de 526 desahucios, un récord que se ha registrado en el primer periodo estadístico computado tras la vigencia del decreto-ley del Gobierno que establece la dación en pago en casos extremos de riesgo de exclusión social.

La clave está en las condiciones exigidas: todos los miembros de la familia deben estar en paro; el pago de las cuotas no puede superar el 60% del conjunto de sus ingresos; y la ejecución debe afectar a su única vivienda, cuyo valor no puede exceder los 200.000 euros en las grandes ciudades y 120.000 en poblaciones pequeñas. “En Tarragona prácticamente nadie se ha podido amparar en esta medida porque no había casas que se hubieran vendido a ese precio”, expone Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y uno de los asesores que convocó el Parlamento de Cataluña el año pasado para discutir la dación en pago. “Este Código es puro maquillaje para el Gobierno y los bancos. Mientras haya poca demanda, a ellos les irá bien”, añade.  Las entidades no están dispuestas a abrir la mano. “En otros lugares, como por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos, la regla general es la dación en pago. Es necesario recordar, que la crisis subprime fue fundamentalmente motivada por este hecho”, advierten por escrito fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. “Modificar la ley  supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría, que cumple puntualmente sus obligaciones de pago”, suscribía hace un año un portavoz de la Asociación Española de Banca en declaraciones a El País. Nasarre explica a qué se refieren los bancos: “En otro escenario donde la dación en pago estuviese más extendida, las hipotecas serían más caras y sólo cubrirían en 80% del valor de la finca”. Este panorama imposibilitaría aún más el acceso a la vivienda, sobre todo si se tiene en cuenta que España cuenta con un parque de viviendas sociales que representa el 1% del mercado inmobiliario -frente al 15% de media en el resto de Europa-.
Los promotores de la iniciativa legislativa popular sobre desahucios -una comisión que integra, entre otros, a CC.OO., UGT y la PAH- tienen hasta febrero para presentar al Congreso medio millón de firmas que avalen su propuesta. Piden una ley de dación en pago apoyada por el alquiler social, es decir, que en caso de que una familia se vea en la bancarrota se extinga su deuda y pueda permanecer en el inmueble en régimen de alquiler. Es la situación en la que se encuentra ahora Eduardo Cochago, que paga 350 euros mensuales por vivir en la casa de la que fue propietario. “El sistema es una trampa”, alerta María Díaz de Pablo, miembro de Stop Desahucios; “Una vez que el banco condona la deuda con la entrega del inmueble, la familia se queda en la calle y nadie les alquila sin nóminas ni avales”. “Las parejas no tenían un análisis macroeconómico en la cabeza cuando les ofrecieron una hipoteca y las entidades financieras les pusieron todas las facilidades para meterse en la ratonera”, sentencia.

La otra sorpresa desagradable que oculta la dación en pago viene de parte de Hacienda. Fiscalmente, la operación es una compraventa: ante notario, el propietario moroso vende el piso a la entidad bancaria que le prestó el dinero. El patrimonio del hipotecado se incrementa y debe pagar impuestos al Ayuntamiento y al Estado por estas ganancias. Estas contraprestaciones han animado a algunos teóricos a proponer otras alternativas. “La simple aceptación de la dación en pago no es una solución ya que viene a significar la pérdida de la vivienda sin el reconocimiento efectivo del derecho a disfrutar de ella [artículo 47 de la Constitución y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos]. Sería necesario crear mecanismos de arbitraje para establecer acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda, al estilo de los que existen en otros países europeos”, defiende Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Fuente: http://www.zoomnews.es/sociedad/dacion-pago-no-es-ningun-chollo

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