El sistema informático de Sanidad deja fuera a los parados

El Ministerio asegura que todos los españoles y extranjeros con residencia legal tienen derecho a la tarjeta sanitaria

La legislación anterior vinculaba el derecho a la sanidad gratuita a la cotización

Un Real Decreto reconoce como beneficiarios a los parados sin prestación y carga el coste al Sistema Nacional de Salud

Aurora Muñoz

La Constitución reconoce la asistencia sanitaria gratuita como “un derecho fundamental del individuo” que se encomienda a los poderes públicos. Sin embargo, más de 200.000 personas han permanecido fuera de la Sanidad Pública española hasta el 1 de enero de este año, según las estimaciones de la Seguridad Social. Entre ellos, 90.000 parados de larga duración que ya habían agotado la prestación o el subsidio por desempleo. Este agujero en el artículo 43 de la Carta Magna se debía al modelo vigente hasta entonces, que vinculaba el derecho a la sanidad gratuita con la cotización, a pesar de que el Pacto de Toledo eliminó en 1995 el vínculo financiero entre la Seguridad Social y la Sanidad Pública. Desde entonces, la financiación sanitaria se lleva a cabo por medio de las aportaciones anuales de los Presupuestos generales del Estado e impuestos indirectos.

La entrada en vigor hace apenas dos meses del Real Decreto-ley 16/2012 se ha planteado como una “corrección” a la Ley General de Salud Pública que obligaba a este colectivo a declararse “persona sin recursos” o como beneficiario de un familiar para mantener la asistencia sanitaria. Estas alternativas dejaban fuera a los emancipados -puesto que para adherirse a la póliza de un pariente hay que convivir y depender económicamente de él – y a los parados que, sin cobrar el desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros. Desprovistos de otra opción, los exiliados del sistema sanitario público se veían obligados a recurrir a los servicios de Urgencias para ser atendidos.

Sanidad afirma que las últimas modificaciones en la normativa han extendido el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los ciudadanos residentes, superando las situaciones anteriormente mencionadas. Según se recoge en el Boletín oficial del Estado, el Sistema Nacional de Salud afronta ahora los costes de la asistencia aquellos que no puedan sufragarlo con su cotización a la Seguridad Social.

La normativa es clara: “Todo el que ingrese menos de 100.000 euros al año y esté en situación legal en España tiene derecho”. Lamentablemente, lo que contempla la legislación a veces no coincide con lo que sucede en los centros médicos.

Rocío Orostivar, de 27 años, se quedó parada en junio. Su labor como monitora de actividades extraescolares terminó junto con el fin del curso escolar y, como disponía de algunos ahorros, decidió no solicitar prestación por desempleo. Hace dos semanas se desplazó hasta las Urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara para que le trataran un herpes labial. La atendieron, en efecto, pero bajo la advertencia de que la factura le llegaría a casa. “Me explicaron que tenía que hacerme una tarjeta sanitaria para personas sin recursos y que, cuando la tuviera, podría solicitar que me devolviesen el dinero”, cuenta. Entre tanto, Orostivar ha tenido que poner 122 euros de su bolsillo.

No es la única que se ha encontrado con problemas de este tipo. José Manuel Martín, de 40 años, emigró de Sevilla a Madrid en busca de trabajo. Llevaba un año buscando una oportunidad y en la capital encontró… un esguince de codo. En un centro de salud de Barrio de la Concepción le dijeron que sin la tarjeta sanitaria no podían atenderlo y tuvo que irse por donde vino. Desde entonces ha vivido una peregrinación de unos centros a otros intentando que le tramiten el título, sin éxito. “He llevado el certificado de empadronamiento, mi demanda de empleo y no hay manera. Me dicen que mis datos no figuran en el sistema”, relata agobiado.
Sanidad justifica estos casos amparándose en un “periodo de transición”. “Hasta el 31 de agosto estuvo en vigor el sistema de reconocimiento anterior al decreto. De ahí que a algunas personas en el paro y que han agotado las prestaciones se les haya requerido declarar que no tienen ingresos. Ha podido haber malos entendidos puntuales. Pero ya se han regulado todas las situaciones”, explican fuentes del Ministerio.

Sin embargo, si se consulta al buzón de consultas de la página wed de la Seguridad Social, la respuesta que se obtiene sigue anclada en las instrucciones previas a la aplicación del Real Decreto: “La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2012.

Las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo antes de esa fecha ven  deben solicitar la inclusión en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). No hay límite en el tiempo respecto al agotamiento de las prestaciones para poder tener asistencia por esta vía, que prevalece sobre la condición de beneficiario y sobre el reconocimiento por vía el Real Decreto 1088/1989”. Estas complicaciones administrativas mantienen limitado el acceso a la Sanidad Pública, a pesar de lo cual, tres de cada cuatro ciudadanos (el 73,3%) considera que el sistema sanitario español funciona bien, según los resultados del Barómetro Sanitario 2011 que publica el Ministerio.

Fuente: http://www.zoomnews.es/servicio-publico/sistema-informatico-de-sanidad-deja-fuera-parados?cx_source=sug

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